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El ex primer teniente de alcalde de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, a su llegada  a los Juzgados.
El ex primer teniente de alcalde de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, a su llegada a los Juzgados. EFE ol

Los portavoces de IU en Sevilla niegan las acusaciones de fraude y cohecho en 'Enredadera'

  • El actual portavoz, José Manuel García, niega haber cometido delito alguno

  • El exportavoz Torrijos niega los delitos y se acoge a su derecho a no declarar

  • Tampoco declara el exconcejal socialista Manuel Gómez Lobo

  • La juez amplía la imputación a los empresarios de Fitonovo por pagar en 'B'

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El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García, y el exportavoz y exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos han negado ante la juez Mercedes Alaya haber cometido ningún acto ilegal o delictivo dentro de la Operación Enredadera, que investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro" a la empresa Fitonovo.

Ambos han comparecido para declarar como imputados por sendos delitos de fraude y cohecho y tras acudir al juzgado han defendido ante los periodistas su inocencia.

El actual portavoz, José Manuel García, ha explicado que ha ratificado la declaración que prestó en calidad de imputado el pasado jueves ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Estoy imputado y creo que no tengo que declarar mi inocencia", ha subrayado el portavoz municipal de IU, quien ha asegurado que "no ha cometido ningún acto ilegal ni ninguna actuación irregular o delictiva" y ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia y con la Guardia Civil en este procedimiento "muy serio" que tiene que ver "con la corrupción".

En su interrogatorio, según las fuentes consultadas, la juez Alaya le ha cuestionado por varios expedientes concretos, entre ellos expedientes relacionados con la adjudicación de obras y mantenimiento en campos de fútbol vinculados al Instituto Municipal de Deportes (IMD) y con las instalaciones deportivas de Ifni, ubicadas en el barrio de Heliópolis.

Sobre su continuidad en el cargo al estar imputado, tras las declaraciones del coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo,que dijo que García tendría que dimitir si se mantiene la imputación, García ha dicho que es un tema que se tendrá que resolver "en el ámbito de la organización" y que "este no es el momento" de abordar el asunto.

Torrijos niega "rotundamente" los hechos imputados

La juez Alaya también ha tomado declaración como imputados este lunes al exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, que se negó a declarar ante la Guardia Civil. Torrijos ha negado "rotundamente" los "presuntos" hechos delictivos que se le imputan, y ha asegurado que "no ha tenido ni tiene nada que ver" con el Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Tras esto, de nuevo se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar dado que no conoce las actuaciones al estar el caso bajo secreto de sumario, aunque ha anunciado su "voluntad" de solicitar voluntariamente comparecer ante la instructora una vez se levante dicho secreto y "conozca" los hechos que se le imputan.

Hay que recordar que Torrijos también está imputado por las presuntas irregularidades en la Fundación 'DeSevilla' y en la causa de la venta "fraudulenta" de los suelos de Mercasevilla, donde la Fiscalía le ha pedido dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de fraudes y exacciones ilegales.

Seguidamente, ha comparecido ante la juez en calidad de imputado el exconcejal de Vía Pública y expresidente de 'Unidad' Manuel Gómez Lobo (PSOE), quien tal y como hizo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha acogido a su derecho a no declarar, limitándose únicamente a señalar que "no está de acuerdo con las imputaciones que se le han hecho".

Fuentes del caso han precisado que la Fiscalía de Sevilla habría solicitado como medida cautelar distintas fianzas de responsabilidad civil para Torrijos, García y Gómez Lobo, aunque su cuantía no ha trascendido al encontrarse el caso bajo secreto de sumario.

Alaya amplía la imputación a los dueños de Fitonovo

La juez Alaya ha ampliado la imputación a los dueños de la empresa Fitonovo, que supuestamente pagaba comisiones ilegales para lograr concursos públicos, por presuntos delitos a la Seguridad Social que habrían cometido por pagar nóminas con dinero B entre 2003 y 2012.

Los responsables de Fitonovo Rafael González Palomo y su hijo José Antonio González Barón, que estuvo en prisión tres meses por esta causa, y el administrador de otra empresa del grupo, Fiverde, Ángel Manuel Macedo, han comparecido ante la juez y se han acogido a su derecho a no declarar, han señalado fuentes judiciales.

Al padre y máximo dirigente de la empresa le exigió dos millones de euros, a su hijo un millón de euros y al tercer imputado 500.000 euros. Ese mismo día, la juez decretó el ingreso en prisión bajo fianza de 180.000 euros para Juan Andrés Bruguera, director comercial de Fitonovo, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Una operación con 32 detenidos

La operación Enredadera, la tercera fase de la Operación Madeja, se saldó con 32 personas detenidas y continúa con la investigación que destapó las relaciones entre empresas que optaron al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla SA, así como la implicación de la empresa Fitonovo, contratista habitual de administraciones.

Según la juez, la empresa Fitonovo centralizó una "red criminal jerarquizada" que concedió entre 1995 y 2013 dádivas en distintas administraciones públicas para lograr contratos, una práctica habitual de la compañía.

Las comisiones se pagaban "de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados", a los que incluso emitían recibos con cargo a la caja B de la compañía, con sede en Sevilla. La juez atribuye esta práctica a "la consecución de contratos públicos" entre 1995 y 2013 en "múltiples áreas geográficas y administraciones públicas".

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