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La oposición en el Congreso pide que no se apruebe este jueves la Ley de Parques Nacionales

  • Todos los grupos, excepto CiU y PNV, han aprobado una declaración

  • La ley permitirá cazar y pescar en los parques nacionales hasta 2020

  • Acusan al Gobierno de poner los parques "al servicio de minorías poderosas"

  • Las ONG ecologistas reclaman conocer las indemnizaciones a propietarios

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Casi todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados, excepto CiU y PNV, han suscrito este jueves una declaración conjunta en defensa de los parques nacionales y han mostrado su rechazo a la ley de gestión de estos espacios que la Cámara aprobará en el pleno del mismo jueves a iniciativa del Gobierno.

El texto ha sido propuesto por el grupo socialista y apoyado por IU, UPyD, CC-Nueva Canarias, Compromís y BNG. El PSOE se ha comprometido a restituir la Ley actual de Parques Nacionales, aprobada por consenso en 2007, si llegan al Gobierno.

Los grupos nacionalistas, CiU y PNV, también rechazan la norma del PP pero no se han sumado al texto por divergencias relativas a cuestiones territoriales.

Denuncia de "intereses ocultos"

La declaración manifiesta que la nueva ley de parques que pretenden sacar adelante los populares "arrebata a la ciudadanía" estos espacios protegidos "para ponerlos al servicio de minorías poderosas, de intereses ocultos, de la especulación y de la degradación irreversible".

La nueva ley incluye una prórroga de seis años (hasta 2020) para que en estos espacios protegidos puedan realizarse actividades prohibidas en fincas de los parques cuya propiedad recae en particulares y que están recogidas en la propia norma, entre ellas la caza o la tala de árboles, entre otras.

La prórroga retrasa la fecha límite en la que se pueden hacer acuerdos voluntarios por los que las administraciones públicas indemnizan a los dueños de terrenos.

"Al igual que con el resto de normas ambientales que ha modificado durante esta legislatura, como la Ley de Costas, el PP vuelve a hacer un uso de lo público como si fuera parte de su patrimonio personal", ha dicho la diputada socialista Pilar Lucio.

Y es que, tanto los citados grupos como las organizaciones ecologistas, también presentes en la presentación de la declaración, creen que el PP ha reformado una norma con consenso para "que trece señoritos con fincas privadas del Parque Nacional de Cabañeros", entre Ciudad Real y Toledo, "mantengan sus monterías".

Acabar con la caza comercial en los parques nacionales no es una cuestión económica y un problema de indemnizar a propietarios privados por el fin de esta actividad, sino "cuestión de voluntad política", ha indicado el portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber.

Conocer las indemnizaciones pendientes

En esa línea, la directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha exigido al Gobierno "que ponga encima de la mesa los números, de cuántos propietarios quedan por indemnizar y a cuánto ascienden esas indemnizaciones".

"Con esas cifras en la mano preguntémonos si podemos o no podemos hacernos cargo de la conservación sin excusas del 0,7 por ciento de nuestro territorio -lo que representan los 15 Parques Nacionales que tiene España-, hagamos un estudio financiero y una hoja de ruta que nos lleve a la protección total de estos espacios", ha concluido Ruiz.

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