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Tres ex altos cargos de la Xunta, imputados por un presunto fraude en cursos de formación

  • Entre ellos está el exdirector general de Trabajo de la Xunta, Odilo Martiñá 

  • Están citados por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho

  • La titular del juzgado ha ampliado a 30 los imputados en la Operación Zeta

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El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha imputado este miércoles a tres ex altos cargos de la Xunta de Galicia, el exdirector general de Trabajo Odilo Martiñá Rodríguez, al que fue jefe territorial de esta Consellería, Luis Alberto Alvarez Freijido, y al exjefe de Servicio de Empleo Joaquín Vila Sampayo, en la denominada Operación Zeta, que investiga un presunto fraude en subvenciones públicas a cursos de formación.

Según figura en una providencia a la que ha tenido acceso Efe y Europa Press, estos tres exaltos cargos de la Xunta están llamados a declarar el próximo 9 de abril en calidad de imputados por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Entre los nuevos imputados se encuentran también dos reponsables del área de Consumo, la jefa del Servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo, y la directora de área de la Escuela de Consumo Esther Álvarez, a quienes se ha citado a declarar el próximo 14 de abril por presunto tráfico de influencias.

Todos ellos se encuentran entre los 23 nuevos imputados, con los que la titular del Juzgado ha ampliado a 30 la relación de personas imputadas en el marco de esta operación, que investiga un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas.

Un empresario coruñés, presunto cabecilla

También ha sido citado a declarar como imputado el presidente de la Asociacion Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, a quien se le imputa un presunto fraude en subvenciones, estafa, malversación de caudales y falsedad documental.

Estas imputaciones se suman a las siete iniciales, entre las que se encuentra la del empresario coruñés Gerardo Crespo, al que los investigadores consideran el presunto cabecilla de la trama. Las primeras declaraciones están señaladas para el mes de febrero y por el momento se prevé que continúen hasta abril.

Entre esas primeras imputaciones también están la del presidente de Caype, Eliseo Calviño y su homólogo de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello.

La investigación comenzó el 22 de 2011 por un posible fraude en el cobro de subvenciones después de que el juzgado recibiera un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en A Coruña.

Así, la Policía Nacional detuvo a los siete primeros imputados, que permanecen en libertad, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública.

Más de veinte millones de euros en subvenciones

De la investigación se concluyó que las entidades investigadas fueron receptoras de más de veinte millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas, relacionadas, principalmente, con la formación de autónomos, y se descubrió que varias de esas entidades asociativas subvencionadas, algunas de ellas de discapacitados, eran presuntamente ficticias en su actividad, estructura y/o asociados.

Los investigadores también llegaron a la conclusión de que por parte de la consultora de formación implicada se ofrecían y, presuntamente, se entregaban porcentajes ilegales del dinero público recibido por clientes tras las adjudicaciones una vez que estos subcontrataban su ejecución con la citada consultora de formación.

A lo largo del desarrollo de la Operación Zeta por la policía se procedió también a la toma de declaración como imputados por su participación en los distintos hechos investigados a 61 personas, veintidós de ellas residentes fuera de Galicia, en localidades de todo el territorio nacional.

Este operativo provocó una inmediata reacción política y tres ceses en la Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia, que indicó que tuvo los primeros indicios del supuesto fraude en los cursos de formación a principios del 2012, por lo que se dio traslado de los hechos a la Fiscalía.

Precisamente, la semana pasada, cuando aún no se había producido la imputación de los exresponsables de la Xunta, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, justificó apartar a cargos supuestamente implicados en la Operación Zeta, como Odilo Martiñá, quien dimitió el pasado mes de septiembre.

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