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Torres-Dulce obtiene el aval de los fiscales para querellarse contra Mas por el 9N

Torres-Dulce logra el apoyo mayoritario de la Junta de Fiscales para la querella contra Mas por el 9N

  • La Junta de Fiscales se ha reunido este miércoles para analizar la propuesta

  • La querella es por prevaricación, malversación, desobediencia y usurpación

  • Se presentará "esta semana" contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau

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La Junta de Fiscales de Sala ha apoyado este miércoles la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de querellarse contra el presidente catalán, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno, por la supuesta comisión de delitos en el proceso participativo del 9N, según han asegurado a Efe fuentes fiscales.

La consecuencia directa de este apoyo mayoritario es que el fiscal general del Estado reiterará su orden al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que "esta semana" formule la querella contra Mas y otros responsables de la Generalitat por su papel en el 9N, "previsiblemente" la vicepresidenta, Joana Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau.

Después de cuatro horas de reunión los fiscales de sala han expresado a Torres-Dulce su "práctica unanimidad" en la decisión de querellarse, salvo "discrepancias técnicas" en cuanto a la forma de presentación de la querella, es decir, las personas contra las que debe dirigirse y los delitos de los que son acusados.

Tres posturas ante la propuesta de Torres-Dulce

Según fuentes de la Fiscalía a las que cita Efe, los fiscales han sostenido tres posturas distintas. Una, la de los fiscales que apoyaban la querella de Torres-Dulce en todos sus términos. Una segunda, de los que creían que solo debe ir contra Mas y su vicepresidenta. Y por último, un tercer grupo de fiscales sostenía que la querella debería ser dirigida únicamente contra el presidente catalán, por un delito de desobediencia -y, como mucho, de prevaricación-, para que la querella no fuera rechazada en su conjunto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según fuentes citadas por Europa Press, solo dos de los 22 fiscales de sala asistentes a la reunión han mostrado dudas sobre la procedencia de interponer una acción penal: el fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo y del jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

El primero ha manifestado sus dudas con respecto a si una resolución del Tribunal Constitucional, que no forma parte del ordenamiento jurídico, es directamente ejecutable; mientras que el segundo ha mantenido que la acción de la Fiscalía debería realizarse en relación con las demandas ciudadanas que ya han llegado contra Mas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Junta de Fiscales de Sala ha estado reunida más de cuatro horas a instancias de Torres-Dulce, para explicar su intención de presentar querella por el proceso soberanista alternativo catalán del 9N, después de que la Fiscalía de Cataluña se opusiera a hacerlo.

Si bien la decisión de la Junta de Fiscales no era vinculante, sino que dependía en último término de Torres-Dulce, este convocó esta reunión para obtener el respaldo de la cúpula de los fiscales en una actuación que fue respondida con el rechazo de los fiscales del territorio afectado.

Delitos de prevaricación, malversación y desobediencia

En la cumbre fiscal, celebrada en la sede de la Fiscalía General del Estado, Torres-Dulce argumentó los motivos por los que apoya iniciar acciones penales contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y usurpación de funciones, según fuentes fiscales.

Estas personas y los delitos son básicamente los que ya figuraban en el primer borrador de querella que la Fiscalía General del Estado mandó a la Fiscalía catalana al día siguiente del proceso participativo para su interposición inmediata, lo que no se produjo por la oposición de los fiscales de Cataluña.

Al cónclave, presidido por el propio Torres-Dulce, han faltado el juez togado militar, Fernando Marín Castán, que no ha tomado posesión tras haber sido designado recientemente, y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, enfermo.

Oposición inicial de los fiscales de Cataluña

Otro de los documentos que la Junta tenía sobre la Mesa era el acta de la reunión que celebraron el lunes los nueve miembros de la Junta de Fiscales de Cataluña y que fue remitida a la Fiscalía General del Estado para justificar su negativa a interponer la querella.

Según esa acta, los fiscales opinan que el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no dirigiera a la Generalitat una advertencia expresa en la providencia por la que suspendió la consulta alternativa "parece responder a una decisión meditada" de este órgano y dificulta que pueda hablarse de un delito de desobediencia.

"La ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos" y "tampoco se dirige a un destinatario concreto", apuntan los fiscales para justificar su oposición a la presentación de acciones penales contra Mas.

El documento, de ocho páginas y que sólo se refiere al delito de desobediencia y no a otros supuestos penales, añade que, pese a las objeciones para interponer las acciones penales ellos son conscientes de que por parte del Gobierno de la Generalitat "se ha recurrido al empleo de argucias jurídicas sin precedentes (..) y con absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional".

De forma unánime, los fiscales han manifestado su "perplejidad" por el tratamiento que los medios han dado a las discrepancias habidas entre la Fiscalía Superior de Cataluña y la Fiscalía General en torno a la presentación de la querella, y han opinado que la posibilidad de mantener posiciones distintas está contemplada en el Estatuto Fiscal.

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