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Imagen de la bandera de Suiza
Imagen de la bandera de Suiza. Getty Images/iStockphoto GETTY IMAGES

Suiza se adhiere al intercambio automático de información fiscal, pero no lo aplicará hasta 2018

  • La decisión tiene que ser refrendada todavía por el Parlamento del país

  • Es susceptible de que además sea sometida al voto de los ciudadanos

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Suiza se ha adherido al acuerdo multilateral, que ya habían firmado otros 51 países, para la aplicación del intercambio automático de información fiscal, pero ha optado por empezar a aplicarlo en 2018, unos meses después que el resto de los Estados, que lo tienen previsto para septiembre de 2017.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la promotora de la iniciativa, ha explicado que Suiza es el primer país que se suma a este pacto tras la reunión anual del Foro Global sobre la Transparencia celebrado en Berlín el pasado 29 octubre.

La decisión suiza tiene que ser refrendada todavía por el Parlamento del país y es susceptible de que además sea sometida al voto de los ciudadanos.

Suiza era una de las principales plazas financieras que habían quedado al margen de este nuevo dispositivo creado para luchar contra la evasión fiscal. Y eso había hecho que subiera la presión internacional sobre las autoridades helvéticas.

Qué datos se intercambiarán

El objetivo de este acuerdo, basado en las reglas de intercambio automático de información financiera de la OCDE, es registrar a partir de 2016 los datos de todas las nuevas cuentas bancarias y comenzar a intercambiarlos de forma automática -sin que medie una petición de otro país- desde septiembre de 2017 y con periodicidad anual.

Cada administración fiscal comunicará datos personales (como el nombre, el número de identificación fiscal o el domicilio de residencia fiscal) acompañados de la información financiera (intereses, dividendos, ganancias y balances). Todo ello sobre personas físicas y jurídicas titulares de cuentas o productos financieros, pero también sobre las personas que controlen entidades jurídicas.

Eso implica que previamente instituciones financieras como bancos, aseguradoras o agentes de bolsa, pero también organismos de inversión como fondos y otros, informen a la administración sobre sus clientes y usuarios.

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