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En libertad 22 de los 32 detenidos en la operación contra una trama de pago a funcionarios

Prisión para un excargo de Adif y a otro de la Diputación de Sevilla por la operación Enredadera

  • Los diez restantes, a disposición de la juez Alaya, empiezan a declarar

  • Los arrestados eran sobre todo funcionarios y representantes de empresas

  • Prisión bajo fianza de 90.000 euros a un exgerente de ADIF en Sevilla

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La juez de instrucción Mercedes Alaya ha ordenado el ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 90.000 euros de un exgerente de ADIF en Sevilla detenido por la UCO, vinculado a la Operación Enredadera.

Fuentes del caso han informado de que este exgerente de ADIF en Sevilla, identificado como Antonio Rodríguez Jurado y que se jubiló hace unos cuatro años, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido el ingreso en prisión del imputado eludible con el pago de una fianza de 250.000 euros.

La juez Mercedes Alaya, que imputa a Rodríguez Jurado tres presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho y prevaricación, ha ordenado finalmente su ingreso en prisión bajo fianza de 90.000 euros, un dinero que el imputado no ha podido abonar en este momento, por lo que ha sido conducido a la cárcel.

Alaya también ha ordenado el ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 100.000 euros del exjefe de servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla Carlos Podio, tras negar a la magistrada haber recibido 111.000 euros en comisiones por parte de la empresa Fitonovo entre los años 2001 y 2013, tal y como le atribuye la juez. Podio fue cesado tras ser detenido.

En libertad, 22 de los 32 detenidos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en libertad a 22 de los 32 detenidos en la Operación Enredadera dirigida contra una trama corrupta, integrada en su mayoría por funcionarios e infiltrada en administraciones que facilitaba contratos irregulares a cambio de comisiones.

Los diez que permanecen detenidos han pasado a disposición de la juez Mercedes Alaya, que dirige la operación, entre este miércoles y este jueves, ha informado a Efe un portavoz de la Guardia Civil.

De este modo, y a falta de tomar declaración a seis de los detenidoseste jueves, la juez ya ha mandado a prisión a tres de los arrestados en la operación: Carlos Podio, exresponsable de carreteras de la Diputación de Sevilla; Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de Adif en Sevilla, y el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, que podría salir en libertad si paga 180.000 euros.

Prisión con fianza para un exgerente de ADIF en Sevilla

 

Una trama con funcionarios y representantes de empresas

La operación se realizó este martes en doce provincias de forma simultánea por orden de la juez de instrucción número seis de Sevilla.

Entre los 32 detenidos había tres cargos públicos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP); el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín -ya en libertad-, y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona (IU).

Los otros 29 arrestados eran fundamentalmente funcionarios y representantes de empresas como Fitonovo, la firma sobre la que gira gran parte de la operación Enredadera y cuyos responsables ya fueron arrestados el pasado año.

De hecho, esta operación representa la tercera fase de otra bautizada como Madeja, también dirigida por Alaya y que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A y que condujo a Fitonovo.

Con el análisis de la documentación incautada, los investigadores determinaron que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de forma que había habilitado la estructura de la propia empresa para formar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación.

Según los investigadores, la empresa había creado una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

Alaya amplió la imputación de algunos de los detenidos en otra de las fases, como el director comercial de Fitonovo, para el que decretó prisión bajo fianza de 180.000 euros.

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