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La Fundación Tripartita y los sindicatos defienden su gestión de los fondos de formación

  • CC.OO. dice que el Tribunal de Cuentas confunde la fiscalización con la política

  • UGT recuerda que la subcontratación era legal en los cursos de 2010

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La Fundación Tripartita (integrada por la Administración, patronal y sindicatos), UGT y CC.OO. han defendido la gestión de los fondos de formación realizada en 2010, cuya "eficacia" y "eficiencia" ha criticado el Tribunal de Cuentas en un informe.

El director de la Fundación Tripartita, Alfonso Luengo, ha valorado el informe, al tiempo que ha considerado necesario modificar la normativa que afecta al sistema de formación, en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, algo que -en su mayor parte- ya se ha realizado en los dos últimos años.

Por su parte, CC.OO. ha considerado que el Tribunal de Cuentas "confunde intencionadamente la fiscalización contable con la valoración política del sistema de formación para el empleo", al tiempo que considera que el informe está concebido para "favorecer las tesis más privatizadoras y neoliberales del Gobierno".

Respetaban la legalidad

UGT ha replicado que la gestión de los subvenciones destinadas a formación profesional desarrollada en 2010 se ciñó a la legalidad del momento, aunque reconoce algunas deficiencias en el propio sistema de formación.

La secretaria de Formación de UGT, Teresa Muñoz, ha defendido este sistema de formación, del que se benefician más de cinco millones de trabajadores, aunque ha explicado que se diseñó hace 26 años y ya debería haber sido reformado.

A juicio de Muñoz, la afirmación del Tribunal de Cuentas de que hubo una "excesiva subcontratación" de los cursos de formación en 2010 está amparada en una normativa "que está por venir, si es que viene", y no está emitida "bajo el prisma de la objetividad de una norma que estaba en vigor en 2010".

En concreto, ha explicado que, en 2010, la ley de subvenciones establecía una excepción que permitía subcontratar hasta el 100% de la subvención recibida, algo que ha sido legal hasta la convocatoria para 2014, en la que se limita al 50%.

En el mismo sentido, CC.OO. ha recordado que la Ley de Subvenciones permitía subcontratar total o parcialmente la realización de la actividad formativa.

Casi 400 trabajadores acudieron a diez cursos cada uno

En el informe, el Tribunal de Cuentas también ha criticado los cursos recibidos por trabajadores vinculados a los agentes beneficiarios o de las empresas subcontratadas para impartirlos, ya que considera que esta formación no debería estar financiada con subvenciones públicas, si no a través del sistema de bonificaciónes en las cuotas de la Seguridad Social.

A este respecto, Muñoz ha explicado que UGT no puede optar a la formación de demanda (con las bonificaciones) y que, en cualquier caso, la norma permite agrupar las confederaciones para que sus trabajadores puedan optar a la formación en oferta.

El Tribunal de Cuentas critica también la elevada multiparticipación de determinados trabajadores en determinadas acciones formativas, ya que en la totalidad de los planes de formación desarrollados con cargo a 2010 un total de 398 personas participaron en más de 10 cursos de formación.

Según los datos del informe, CCOO formó a 22.497 trabajadores con cargo a la convocatoria de 2010 y, de ellos, 398 personas participaron en diez o más cursos; y, en cuanto a la CEOE, fueron 398 alumnos los que participaron en más de diez acciones formativas.

El Tribunal ha detectado que al menos 34.471 euros fueron destinados por la patronal Cepyme a la formación de sus propios trabajadores e, incluso, que determinadas empresas privadas hicieron lo propio con sus plantillas.

Asimismo, ha detectado que esta subcontratación se ha otorgado tras recibir una sola solicitud por parte de la empresa beneficiaria, lo que ha imposibilitado "obtener precios de mercado más ventajosos, con el consiguiente incumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".

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