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El sindicato CSI-F denuncia que Muface acabará el año con menos de 100 millones de tesorería

  • El Gobierno adelantará 90 millones para afrontar los pagos de enero y febrero

  • El remanente de la mutua de funcionarios ha perdido 1.052 millones desde 2009

  • El 87,5% cree que se han deteriorado las prestaciones sanitarias de Muface

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El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Miguel Borra, ha asegurado que la mutua de funcionarios Muface está "herida de muerte" debido a una falta de inversión del Gobierno que ha generado una "continua reducción" del remanente de tesorería, mermado en 1.052 millones desde 2009.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa Borra, que ha destacado que a diciembre de este año las reservas se situarán por debajo de los 100 millones de euros.

CSI-F ha destacado que esta situación ha obligado al Ejecutivo a introducir un adelanto de tesorería de 90 millones para poder hacer frente a los pagos de Muface durante los meses de enero y febrero. Esto consta, según CSI-F, en una enmienda del PP al proyecto de presupuestos que se encuentra en trámite parlamentario.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y gestiona prestaciones como la asistencia sanitaria, el subsidio por incapacidad temporal o por riesgo durante el embarazo, las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes o la prestación económica por gran invalidez.

Hacienda niega problemas de liquidez

El Ministerio de Hacienda ha negado que Muface tenga "una situación de falta de liquidez o problemas de tesorería" y asegura que la disponibilidad de fondos para atender todas sus obligaciones "está garantizada".

En una nota de prensa, subraya que Muface "tiene un presupuesto equilibrado, está sometida en su actuación a todos los controles financieros y presupuestarios de la Administración General del Estado y paga puntualmente a todos sus proveedores, especialmente a las entidades médicas concertadas y a los colegios farmacéuticos".

Apunta que el presupuesto de la mutualidad para el próximo año aumenta en 25 millones de euros, hasta alcanzar los 1.613,2 millones, que se destinarán "íntegramente a la asistencia sanitaria y farmacéutica de sus beneficiarios".

Asimismo, destaca que la aportación del Estado para el próximo año aumenta en 142 millones de euros, que se suman a los más de 160 millones de incremento de 2014, superando los 1.200 millones de euros.

Por otro lado, explica que la enmienda a los PGE "se dirige precisamente a garantizar la suficiencia financiera y liquidez de la mutualidad en los primeros días de enero, flexibilizando los trámites burocráticos necesarios para poner en marcha el ciclo presupuestario y acompasando mejor el ritmo de ingresos con el de sus gastos".

Deterioro de las prestaciones sanitarias

Por otra parte, el 87,5% de los funcionarios que forman parte de alguna de las mutualidades del Gobierno (Muface, Mugeju e Isfas) asegura que en los últimos años se ha producido un deterioro progresivo de las prestaciones sanitarias que, entre otros aspectos, se traduce en menos posibilidades para elegir médico o un mayor tiempo de espera.

Así se desprende de una encuesta elaborada por CSI-F a un total de 26.379 mutualistas que ha revelado que la inmensa mayoría (95,9%) cree que este tipo de servicios va a desaparecer como consecuencia de la crisis y de los recortes del Gobierno en los últimos años.

En concreto, el 73% de los encuestados denuncia que en los últimos años se han recortado prestaciones, el 55% cree que hay menos posibilidades para elegir médico y un 45% asegura que se ha reducido el número de medicamentos subvencionados.

Una situación que, como ha denunciado Eliseo Moreno, secretario de Acción Sindical y consejero de Muface, está propiciando que estén "aumentando los tiempos de espera para algunas pruebas médicas y se estén perdiendo algunos especialistas".

Menor oferta de centros y especialidades

Además, hay mutualistas que denuncian que algunas de las compañías aseguradoras que prestan sus servicios a través de este sistema han quitado de sus cuadros médicos centros hospitalarios o especialistas que sí siguen ofertando a través de un seguro privado, lo que a su vez está propiciando que los médicos que mantienen su actividad tengan un "exceso de pacientes" en sus consultas.

Del mismo modo, hay encuestados que alertan de la ausencia de algunas especialidades como hepatología, menos sesiones de fisioterapia y recortes en ayudas para gafas, ortodoncia o logopedia.

La situación, según temen desde CSI-F, puede acabar siendo "disuasoria" para los funcionarios que cada año deben elegir entre estar en una mutua o ser atendidos en la sanidad pública.

Actualmente, según datos de 2014, el 81,91% eligió la primera opción pero, como ha alertado Moreno, de seguir así el porcentaje puede verse reducido.

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