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Prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para el exalcalde de Serranillos del Valle

Prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para el exalcalde de Serranillos del Valle

  • El ex primer edil trató de llevarse documentos del Ayuntamiento

  • El juez los ha cotejado para comprobar si intentaba destruir pruebas

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El juez Eloy Velasco ha decretado este martes prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para el exalcalde de Serranillos del Valle (Madrid) Antonio Sánchez Fernández (UDMA), imputado en la Operación Púnica, que fue interceptado este lunes por la Guardia Civil cuando trataba de sacar documentos del Ayuntamiento.

Velasco ha adoptado esta decisión tras tomarle declaración durante hora y media y tras examinar la documentación que trató de llevarse, ante el riesgo objetivo y concurrente de alteración de elementos "relevantes" para la investigación del delito, puesto que fue descubierto "in fraganti" huyendo del Ayuntamiento con documentación.

En el auto de prisión, Velasco señala que el exalcalde, que este lunes presentó su dimisión, sería responsable de varias irregularidades en materia de contratación pública para beneficiar al presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza.

Imputado por prevaricación y cohecho

Sánchez Fernández, de Unión Demócrata Madrileña (UDMA), fue detenido en la operación Púnica imputado por los delitos de prevaricación, fraude, malversación y cohecho, pero la semana pasada no pasó a disposición judicial junto al resto de detenidos por motivos de salud.

El juez le considera "responsable de varias irregularidades en materia de contratación pública para beneficiar" al empresario de la construcción y presunto 'conseguidor' de la trama David Marjaliza.

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga un contrato de eficiencia energética que el Ayuntamiento firmó con la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, con su "connivencia" y la del técnico municipal, Marco Durán, también imputado en este procedimiento.

También sospecha que en materia de gestión de centros deportivos las empresas de Marjaliza "habrían estado trabajando sin contrato público que lo amparase" aunque con posterioridad las autoridades municipales trataron de articular "un procedimiento de contratación predeterminado" en cuya redacción de los criterios de adjudicación habría intervenido el propio empresario.

Para amparar estos trabajos, según explica la resolución judicial, los responsables municipales habrían ordenado la elaboración de "informes y facturas falsas", a fin de "posibilitar que se libraran las cantidades económicas necesarias para pagar a David Marjaliza".

Riesgo de fuga

Velasco acuerda el ingreso en prisión del imputado al considerar que, a pesar de su "arraigo domiciliario, familiar y laboral", existe el "riesgo de fuga" tanto por la pena que podría imponérsele como por "sus recursos y medios de acudir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española".

También destaca la "facilidad" que suele tener una organización criminal como la investigada para "dotar de medios económicos a sus componentes" a fin de "facilitar su huída y permanecer lejos de la actuación de los tribunales españoles", lo que, según el juez, convertiría la causa en "una frustración".

De igual modo, el juez justifica el ingreso en prisión del exalcalde a tenor de "las redes clientelares delictivas descubiertas, la alta probabilidad de reiteración delictiva, la diversidad de las irregularidades administrativas detectadas y su imposición a funcionarios públicos bajo su mando".

Intentó de llevarse documentación importante para la investigación

El intento de Sánchez Fernández de sacar documentos de su despacho fue puesto en conocimiento del juzgado por un funcionario del Ayuntamiento a través de una comunicación, en la que se alertaba de que el alcalde había comparecido en el Consistorio con cajas vacías y que las estaba "llenando con documentación de su despacho, posiblemente para llevársela".

Ante lo ocurrido, el juez emitió un auto permitiendo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil su intervención ante la posibilidad de que los documentos que intentaba sacar el alcalde del despacho pudieran no ser personales, sino relacionados con los hechos objeto de la investigación, "por lo que podría estar tratando de hacer desaparecer o destruir pruebas imprescindibles para la averiguación de los hechos objeto de la presente causa".

Tras desplazarse al lugar una patrulla procedente de Griñón, localidad cercana a Serranillos, los agentes procedieron a tomar posesión de los documentos que el alcalde había guardado en las cajas y levantaron acta de documentos oficiales para el caso de que el juzgado estime conveniente su incautación e incorporación a la causa.

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