El Gobierno reconoce "inseguridad jurídica" en las devoluciones inmediatas de inmigrantes

La oportunidad de pedir asilo

Se trata, en definitiva, de que la actual de ley de Extranjería, cuyo reglamento fue aprobado en 2011 (la última modificación de la norma es de 2009) incluya los aspectos singulares que concurren en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Precisamente, el artículo 23 del reglamento regula que los extranjeros que sean interceptados en la frontera o en sus inmediaciones serán trasladados a comisaría para proceder a su devolución, si bien tendrán derecho a asistencia jurídica e intérprete. Es en este momento cuando tienen la oportunidad de pedir asilo.

Las llamadas "devoluciones en caliente" no están recogidas en la normativa actual, pero existe un tratado con Marruecos que permite a España devolver de forma ágil a los inmigrantes que han entrado ilegalmente por la frontera marroquí.

El ministro de Justicia reconoce "inseguridad jurídica"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no se ha pronunciado sobre el cambio de la ley de extranjería propuesta por el PP pero sí ha defendido la obligación del Gobierno de todar de herramientas jurídicas suficientes y de un "marco normativo claro" a la Guardia Civil y la Policía que tienen la tarea de impedir la entrada irregular de personas a España, fundamentalmente por Ceuta y Melilla.

“Hay alguna zona de confusión que no garantiza las reglas de las fuerzas de seguridad“

"Hay alguna zona de confusión que no garantiza las reglas de las fuerzas de seguridad, si estamos teniendo zonas de debate jurídico y en algunos casos zonas de inseguridad para la actuación de las fuerzas de seguridad tenemos la obligación de dotarles de herramientas jurídicas", ha enfatizado.

Por ello, ha abogado por una reforma legislativa que cuente con el consenso de todos, con el objetivo de fortalecer el "Estado de derecho y dar seguridad y garantías jurídicas a las fuerzas de seguridad".

Protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad

Precisamente para aclarar el marco normativo, el Ministerio del Interior ha difundido este miércoles un protocolo de actuación para la Guardia Civil y la Policía Nacional en Ceuta y Melilla que entrará en vigor una vez que se modifique la ley de extranjería para permitir los "rechazos en frontera".

La clave está precisamente en cuándo se considera que un inmigrante entra en España ya que una vez que lo hace no se le puede devolver inmediatamente. Este protocolo establece que se considerará que un inmigrante ha entrado en España cuando rebase "completamente el sistema perimetral de seguridad" o cuando tenga que ser trasladado a un centro médico por haber resultado lesionado "en el intento de intrusión".

“La entrada ilegal en España se entenderá consumada en caso de rebasar completamente el sistema perimetral de seguridad“

En estos casos el inmigrante tendrá que ser entregado en una comisaría del Cuerpo Nacional de Extranjería o, si está herido, los agentes informarán por escrito de esta circunstancia a la Policía.

El protocolo difundido este miércoles por Interior establece que en aquellos casos de "actitud violenta de los inmigrantes" los agentes podrán usar medios antidisturbios conforme a principios de "oportunidad, congruencia y proporcionalidad, procurando en todo momento minimizar sus consecuencias lesivas".

Si los inmigrantes encaramados a la valla no bajan voluntariamente, sigue el protocolo, "se deberán adoptar las mayores medidas de seguridad posibles que traten de evitar posibles caídas tando de los inmigrantes como de los porpios agentes".

Amnistía llevará la reforma a la Unión Europea

Amnistía Internacional ha señalado que es "inaceptable" que el grupo parlamentario popular pretenda legalizar las "expulsiones en caliente" en Ceuta y Melilla y ha dicho que recurrirá a instancias europeas si hace falta.

"Esto es inaceptable y agotaremos todas las vías que podamos para que este cambio no tenga lugar. Si tenemos que recurrir a instancias europeas lo haremos", ha dicho a EFE María Serrano, como portavoz de la organización.

Serrano ha explicado que las "expulsiones sumarias" están prohibidas por el derecho internacional porque pueden tener unas consecuencias "terribles", ya que las personas son expulsadas "sin procedimientos, sin garantías, sin que se estudie si tienen temores de persecución y sin que puedan acceder a tutela judicial efectiva".

Por su parte, la Red Acoge afirma que la reforma impulsada por el PP "consolida la falta de respeto por los Derechos Humanos de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo".

El PSOE no ve solución en sacarlos "por la puerta de atrás"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha pedido este miércoles al Gobierno un plan integral de actuación en la frontera de Ceuta y Melilla porque, a su juicio, la solución no es "sacar por la puerta de atrás" a los inmigrantes que salten la valla.

La solución, según el portavoz socialistas, no está en modificar "puntualmente" la ley, porque eso no va a impedir que los inmigrantes sigan intentando entrar ilegalmente en España.

Por eso, ha considerado que lo que hace falta es una actuación integral en la frontera y un protocolo de actuación de la Guardia Civil, en el que se reserven los derechos de los inmigrantes y que dé seguridad a los agentes.

"Lo que diremos al Gobierno y al PP es que con una modificación puntual de la ley no es suficiente y lo que tiene presentar es una actuación integral, un plan integral de actuación en la frontera, que va a seguir siendo conflictiva durante los próximos años", ha concluido según recoge Efe.

Los abogados alertan de la "inconstitucionalidad" de la medida

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que aglutina a los colegios profesionales de españa, cree que la enmienda del PP es "inconstitucional" y choca con la legalidad internacional.

El portavoz de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, Francisco Solans, explica que devolver a un inmigrante a Marruecos sin darle la oportunidad actualmente recogida por la ley, de pedir asilo o protección internacional por razones humanitarias, es directamente "inconstitucional" porque vulnera el derecho fundamental de esa persona a ser escuchada.

"El problema no es que se vaya a legalizar la devolución en caliente, el problema es que no se puede legalizar la devolución en caliente porque es inconstitucional: lo que impide es el derecho de audiencia, impide que esa persona sea escuchada, así que de facto se impide el ejercicio de un derecho constitucional", plantea este experto en Extranjería a Europa Press.