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El TC de Portugal veta la rebaja de las pensiones y los recortes salariales a los funcionarios de 2016

  • Considera los recortes previstos parcialmente contrarios a la Carta Magna
  • Aprueba los recortes salariales a los empleados públicos para 2014 y 2015

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Jubilados en una plaza de Lisboa
Jubilados en una plaza de Lisboa. AFP AFP PHOTO / FRANCISCO LEONG

El Tribunal Constitucional (TC) de Portugal ha vetado los recortes permanentes en pensiones y ha aprobado los recortes salariales a los funcionarios para 2014 y 2015, pero los rechaza entre 2016 y 2018, forzando así al Gobierno a nuevas medidas de ahorro para cumplir con la UE.

Los jueces del Alto Tribunal, que han analizado la ley a instancias del presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, han coincidido en que los recortes previstos para los próximos años son parcialmente contrarios a la Carta Magna

De este manera, obligan al Ejecutivo a buscar ahorros estimados en varios cientos de millones de euros.

El Constitucional ha considerado durante los tres últimos años ilegales recortes del gasto público por valor de varios miles de millones de euros y ha obligado al Gobierno a poner en marcha alternativas para cumplir con la troika.

Las medidas analizadas, que afectaban a casi un millón de portugueses entre pensionistas y funcionarios, habían sido aprobadas por el Gobierno para acometer una reforma estructural a medio plazo con la meta de sanear las cuentas.

Los funcionarios sufrirán una rebaja salarial hasta 2016

Así, los trabajadores públicos sufrirán de nuevo un recorte diseñado por el anterior Gobierno.

Tendrán una reducción de entre el 3,5% y el 10% en los salarios superiores a 1.500 euros mensuales, pero únicamente hasta el 2016, a partir de entonces serán ilegales.

Los jueces han justificado esta aprobación parcial debido a la necesidad de que el Gobierno baje su déficit público, tal y como ha pedido la troika.

Sin embargo, la norma sobre las pensiones no entrará en vigor por "la violación del principio de protección de confianza", según han señalado los jueces.

Esta ley consistía en un plan definitivo de reducción de las pensiones, llamado "contribución de sostenibilidad" y que establecía una tasa en varios rangos, uno del 2% a aquellas pensiones de entre 1.000 y 2.000 euros, que sube al 3,5% hasta los 3.500 euros.

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