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Ruz concluye la investigación de la primera época de Gürtel para llevar a juicio a 45 imputados

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El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, a su llegada a la Audiencia Nacional
El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, a su llegada a la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido una parte de la investigación del caso Gürtel para llevar a juicio a 45 de los más de cien imputados en esta causa -entre ellos al extesorero del PP Luis Bárcenas, al exconsejero 'popular' de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y al presunto cabecilla, Francisco Correa- al apreciar indicios de 11 delitos en los hechos de los seis primeros años de esta presunta trama corrupta.

El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto en el que trocea la causa para impulsar la investigación hacia el enjuiciamiento. En concreto esta nueva pieza separada, denominada "primera época, 1999-2005", analiza los actos delictivos que se produjeron supuestamente en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y el Ayuntamiento de Estepona, en Málaga, durante ese periodo.

La Audiencia Nacional investiga desde hace más de cinco años el conglomerado de empresas puestas en marcha por Correa para conseguir contratos con administraciones gobernadas por el PP a cambio, presuntamente, de dádivas y comisiones y cómo este dinero acababa en cuentas en el extranjero.

Los delitos por los que Ruz imputa indiciariamente a estas 45 personas son los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

Imputados políticos, empresarios y miembros de la trama

Entre los imputados a los que afecta este auto hay políticos y familiares, empresarios y miembros de la trama. Además de Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, y los otros dos extesoreros del PP Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, se encuentran exalcaldes del PP de Majadahonda, Guillermo Ortega, y Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el exconsejero y parlamentario autonómico de Madrid Alberto López Viejo, el exdiputado Jesús Merino, el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote y el exedil de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, informa Efe.

También están imputados el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, su número dos y ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.

De los 45 imputados, 21 se sentarían solo en el banquillo por esta pieza, pero los otros 24 seguirán imputados en otras partes de la causa y podrían tener que enfrentarse a más juicios en el futuro, como Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

Contratos a cambio de dádivas y comisiones

Citando un informe de la Fiscalía Anticorrupción, el juez describe el mecanismo que la trama Gürtel empleó en las administraciones investigadas, gobernadas por el PP, para conseguir "adjudicaciones ilícitas para sus empresas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pagos a proveedores a través de un sistema de facturación falsa".

El juez destaca que, a través de las sociedades de Correa, "se encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaba la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a las autoridades y a Hacienda esos beneficios ilícitos". Esos fondos habrían sido expatriados a través de un entramado de sociedades y cuentas bancarias en el extranjero, según recoge Europa Press.

En este sentido, Pablo Ruz ha investigado a través de 183 comisiones rogatorias todo un entramado de sociedades y cuentas ubicadas en el extranjero para conseguir el expatriación de los fondos ilícitos acumulados.

El PP pudo beneficiarse de "al menos" 237.000 euros

El PP pudo beneficiarse de "al menos" 236.864 euros procedente de comisiones de la trama Gürtel que cobraron los exalcaldes populares de Majadahonda y de Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, según ha expuesto el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el auto.

Por las actividades en Majadahonda el Partido Popular habría obtenido 125.000 euros, mientras que en el caso de Pozuelo la suma se sitúa en 111.864 euros, según la investigación judicial.

Por este motivo, el juez ha ofrecido al PP la posibilidad de personarse en la causa, que ha concluido hoy para su enjuiciamiento, en concepto de "partícipe a título lucrativo" del artículo 122 del Código Penal.

En el auto el juez también ofrece a los ayuntamientos de Madrid, y de los municipios madrileños de Pozuelo y Majadahonda la posibilidad de personarse por los posibles perjuicios sufridos.

Separar la pieza para que haya juicio pronto

Para el juez resulta posible escindir determinados hechos cuya investigación se encuentra prácticamente concluida, "posibilitando su pronto y eventual enjuiciamiento sin que por ello exista riesgo de ruptura de la continencia de la causa".

Ruz se apoya en doctrina fijada por el Tribunal Supremo en materia de delitos económicos para "escindir determinados hechos en una pieza separada" y evitar así efectos perniciosos como dilaciones indebidas o convertir la causa en un "macrojuicio inabarcable".

El auto del juez deja entrever que piezas posteriores se centrarán en los ayuntamientos madrileños de Boadilla, Arganda y Alcalá, así como en aquilatar algunos delitos fiscales y de la estructura completa del blanqueo de capitales.

Bárcenas se apoderó de 300.000 euros

Este primer auto de cierre de instrucción desvela detalles como que el extesorero del PP Luis Bárcenas se apoderó "como mínimo" de cerca de 300.000 euros de la presunta contabilidad B del Partido Popular, que investiga el propio Pablo Ruz en otra pieza separada.

Según el juez, Bárcenas habría incorporado a su patrimonio recursos del PP cuya administración tenía encomendada como gerente y para ello contó con el consentimiento del tesorero, el imputado Álvaro Lapuerta, que también será juzgado en esta misma pieza separada.

Ruz añade que esta "estructura opaca" del PP se nutriría "con carácter general, de donativos efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

El juez Ruz apunta en su auto que Bárcenas habría recibido de la trama de Francisco Correa, entre el año 2000 y 2007, comisiones por importe de 1.249.311 euros en efectivo y en forma de viajes organizados por favorecer la contratación pública de distintas empresas, informa Efe.

Al margen del pacto que tenía con la trama Gürtel, Bárcenas habría desarrollado también desde el año 2000 "una operativa dirigida igualmente a enriquecerse de modo ilícito intermediando en otras adjudicaciones públicas", además de apoderándose de fondos del PP.

Desde entonces, el extesorero popular desplegó "una actividad destinada a ocultar el origen y titularidad de esos fondos" a través de un entramado financiero de cuentas en Suiza y mediante "el enmascaramiento de esas rentas como ganancia generadas con operaciones de compraventa de obras de arte".

Desde el año 2009, en que sabe que es investigado, Bárcenas fue auxiliado por otros imputados, como el también tesorero Ángel Sanchís, para tratar de desvincular sus rentas "de su verdadero origen" y "conseguir aflorarlas bajo una aparente cobertura lícita".