Activistas de Greenpeace escalan el Faro de Moncloa contra la Ley de Seguridad Ciudadana

La "esencia represora" no ha desaparecido

Aunque ha reconocido que no conocen los últimos detalles ni las modificaciones del nuevo texto, Del Río considera que la "esencia intencionadamente represora" del proyecto no ha desaparecido, pues sigue limitando la capacidad de respuesta ciudadana ante reformas gubernamentales a través de sanciones.

Además, la portavoz ha criticado que el Gobierno de luz verde al polémico proyecto en verano, lo que dificulta "el debate, la crítica y la respuesta ciudadana". Asimismo, ha asegurado que la ley tiene el objetivo de "sancionar la protesta pacífica" y "no tiene consenso social" ni "un argumentario coherente".

"Un ejemplo más de lo mucho que molesta la participación de la ciudadanía al Gobierno y lo poco que interesa su opinión", ha declarado Sara del Río.

Por su parte, el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, también ha admitido que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha escuchado sus demandas, pero "ha hecho caso omiso de ellas", especialmente en lo referido a sanciones por escalar edificios y protestar en infraestructuras críticas, como centrales nucleares.

La ley parte de un "afán de control"

Para la organización, la nueva ley no parte de una demanda social, sino de un "afán de control" de las protestas sociales por parte del Gobierno.

Así, aseguran que se trata de "una pieza más de un entramado de reformas legislativas dirigidas a penalizar y poner trabas a la protesta pacífica y la disidencia", en el que se encuentra también la reforma del Código Penal.

Hasta el lugar se han desplazado varios bomberos, visitantes del museo de América y paseantes que observan el "laborioso trabajo" de escalada de los activistas.