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El juez de EE.UU. ve ilegal el pago de Argentina a bonistas, lo que le acerca a una quiebra técnica

  • El país acusa al juez estadounidense de "bloquear" el pago de la deuda
  • Argentina incurriría en "desacato" si lo realiza solo a ellos, dice el juez
  • El magistrado llama a las partes a un acuerdo, lo que "sería deseable"

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El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, durante una rueda de prensa en Buenos Aires
El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, durante una rueda de prensa en Buenos Aires.

El juez federal estadounidense Thomas Griesa ha considerado "ilegal" el pago de Argentina a tenedores de bonos reestructurados y ha advertido de que el país incurriría en "desacato" si les paga únicamente a ellos. Por eso, el magistrado ha solicitado a la entidad que este jueves recibió los fondos para pagar a los acreedores que aceptaron la reestructuración de la deuda devuelva el dinero al Banco Central argentino.

Por su parte, el Gobierno argentino ha acusado al juez de intentar "bloquear" el pago de la deuda reestructurada del país tras una decisión que ha calificado como "insólita" e "inédita" y que, según Argentina, constituye un "abuso de autoridad".

En una audiencia celebrada este viernes, el juez ha hecho un llamamiento a que las dos partes continúen las negociaciones para intentar lograr un acuerdo, pero ha insistido en que Argentina debe pagar por igual a los que poseen bonos, sean reestructurados o no.

Argentina debe pagar por igual a los que poseen bonos, sean reestructurados o no

"Cualquier intento hoy en día de pagar a los bonistas es ilegal, no puede hacerse y no puede ser permitido por esta corte", ha dicho el juez. "Cualquiera que lo haga estará incurriendo en desacato", ha advertido el magistrado en la audiencia.

Griesa ha recomendado al Bank of New York Mellon, que realiza los pagos del servicio de la deuda argentina en Estados Unidos, que devuelva el dinero que el Gobierno de Buenos Aires le ingresó en sus cuentas en el Banco Central argentino. Pero no los ha embargado para pagar a los fondos buitre, tal y como pedían estos últimos.

El juez consideró que las solicitudes argentinas de moratoria para pagar a los fondos especulativos unos 1.500 millones de dólares no estaban bien fundamentadas. E insitió en que "lo que sería deseable, si es posible, es llegar a un acuerdo, y no quiero ir mucho más lejos", ha afirmado el magistrado federal.

En este sentido, el mediador designado por el juez para estas negociaciones, el abogado especializado en finanzas Daniel Pollack, ha declarado a la salida de la vista que las conversaciones continuarán.

Argentina acusa "abuso de autoridad" por parte del juez

En un breve comunicado, el Ministerio argentino de Economía ha denunciado que Griesa "trata de impedir a los bonistas cobrar lo que legítimamente es de ellos".

Según el Gobierno argentino, los cerca de mil millones de dólares depositados el jueves para el pago a los acreedores que aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010 confirman la "voluntad de negociación de buena fe" del país y la decisión de Griesa intenta "provocar el default (suspensión de pagos)".

Una decisión "insólita e inédita"

Con esta "insólita e inédita decisión", continúa el comunicado del Ministerio de Economía, el juez incurre en "un abuso de autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio" y "decide sobre instrumentos cuya validez nunca fue objetada en juicio ni observada tampoco por la Securities and Exchange Commission norteamericana (SEC)".

Además, "se trata de fondos que ya no son de Argentina sino que pertenecen a terceros", puntualiza el documento.

Para Argentina, la decisión de Griesa es "inédita porque un juez intenta impedir que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar".

Argentina "reafirma su compromiso de honrar sus deudas con el 100% de los acreedores de manera justa, equitativa y legal", concluye el comunicado, que no desvela los próximos pasos a seguir por el Gobierno de Cristina Fernández para cumplir con sus compromisos y evitar caer en el cese de pagos.