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Tres vocales del CGPJ recomiendan esperar a que el Constitucional se pronuncie sobre el aborto

  • El PP presentó un recurso para anular la ley de plazos aprobada por Zapatero
  • Subrayan además el objeto de regulación afecta a "creencias individuales"
  • Por esa razón, creen que no debe someterse a los "vaivenes" del Parlamento
  • Otra vocal del CGPJ se opone al aborto eugenésico como supuesto independiente

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. EFE EFE

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Mercè Pigem, Enrique Lucas y Fernando Grande-Marlaska recomiendan al Gobierno que espere a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que presentó el PP, que pedía anular la normativa de plazos aprobada con el Gobierno socialista de Zapatero, es decir, la vigente Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Son tres de los cuatro votos particulares presentados a las dos propuestas de informe (uno conservador y otro progresista) sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto (Ley de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada) en el que trabaja el órgano de gobierno de los jueces. Todas estas propuestas se debatirán el 13 de junio en pleno extraordinario.

El cuarto voto particular, de la vocal Nuria Díaz, apunta que la propuesta de desligar el aborto eugenésico de sus efectos sobre la salud psíquica de la madre, como planteaban tanto el informe de la progresista Pilar Sepúlveda como el de la conservadora Carmen Llombart, violaría los compromisos internacionales de España en materia de protección de la discapacidad.

Dos vocales piden "replantear" la conveniencia de la reforma

Pigem y Lucas suscriben un documento conjunto en el que se recomienda al Gobierno que "se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación".

Ambos afirman que una declaración de constitucionalidad de la ley vigente posterior a su derogación generaría una inseguridad jurídica, "de tal forma que la adopción de este Anteproyecto sin esperar la respuesta del Tribunal Constitucional podría convertir en delictivas conductas que son consideradas y declaradas como constitucionales por el Alto Tribunal".

El aborto, en el plano de la conciencia individual

Además, sostienen que hay una razón de seguridad jurídica que el Ejecutivo no puede soslayar y que atiende a la propia materia objeto de regulación.

"Indudablemente, nos encontramos ante uno de los supuestos límites del derecho, con una implicación significativa en el plano de la conciencia y creencias individuales. Es decir, un ámbito de la regulación que no puede quedar sometido a los vaivenes de los cambios de mayoría parlamentaria", dicen los vocales.

También el vocal Fernando Grande-Marlaska alude a las razones de seguridad jurídica en el escrito que ha registrado. Este vocal dice que dados los específicos derechos, libertades y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados en la regulación y teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley vigente, "habría que estar a su resolución".

En su opinión, en caso contrario, "al margen de inseguridad jurídica en materia constitucional tan esencial, serían previsibles futuras modificaciones legislativas".

No a la eugenesia como supuesto independiente

Por su parte, la vocal Nuria Díaz se centra en la propuesta de desligar el aborto eugenésico con la acreditación del daño psicológico que este infringiera en la gestante, y cita al Comité de Bioética al decir que despenalizar el aborto por anomalía fetal "es una norma discriminatoria que atenta contra la Constitución española y contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que perpetúa el enfoque inadmisible de la discapacidad".

La vocal concluye que la introducción del aborto eugenésico como supuesto independiente, desligado no solo de los efectos sobre la salud psíquica de la madre, sino incluso de la viabilidad del feto, para permitir el aborto simplemente cuando concurran graves taras físicas o psíquicas del feto, "deja a éste completamente desprotegido y supone una violación de los compromisos internacionales del Reino de España en materia de protección de la discapacidad".

Gobierno y CC.AA. debatirán sobre el impacto de la reforma

Estas consideraciones de los vocales del Poder Judicial se conocen en la víspera del debate que celebrarán este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud el Gobierno y las comunidades autónomas, que tratarán un informe sobre el impacto en la normativa sanitaria del anteproyecto de Ley del Aborto.

El debate sobre este informe, solicitado por el Ministerio de Justicia, es el último de los 39 puntos del orden del día que se revisarán en la reunión, que está previsto que comience a las 17:00 horas.

La reforma emprendida por Alberto Ruiz-Gallardón conllevará algunos cambios en la actual legislación tanto en lo relativo a los profesionales sanitarios como en la atención que reciben las mujeres que se sometan a la interrupción voluntaria del embarazo.

Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco pidieron la semana pasada a la ministra, Ana Mato, la retirada de este debate del Consejo Interterritorial de Salud, por considerar que se incluía "a última hora y de tapadillo".

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