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Víctimas del franquismo se querellarán contra empresas que se beneficiaron de trabajo esclavo

  • Piden a la juez argentina Servini la imputación de ministros de Franco
  • La instructora investiga crímenes de genocidio y lesa humanidad

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Una hija de una víctima del franquismo ante la Audiencia Nacional.
Una hija de una víctima del franquismo ante la Audiencia Nacional. REUTERS/Susana Vera

Las víctimas del franquismo personadas en el proceso abierto en Argentina han anunciado este viernes que pedirán la imputación de las empresas que se beneficiarion del trabajo esclavo durante la dictatura y han criticado la "cerrazón" de España para esclarecer estos crímines en una rueda de prensa que han ofrecido para hacer balance del viaje a nuestro país de la juez María Servini.

Tras la visita de Servini y del fiscal Ramiro González, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) ve más cerca que algún día los tribunales españoles juzguen a ministros y responsables de la aquella época.

En este sentido, las víctimas creen que las declaraciones que ha tomado la juez argentina esta semana en diferentes juzgados suponen un avance en esta causa en la que ya figuran 300 personas como querellantes, según Efe.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires abrió una investigación para investigar los crímenes de genocidio y de lesa humanidad comedidos durante la dictadura franquista, informa Europa Press.

Las víctimas piden la imputación de ministros franquistas

Las víctimas han recordado que han pedido a Servini que impute a una veintena de personas, entre las que se encuentran ministros franquistas (como Martín Villa y José Utrera Molina), así como jueces y policías de esa época, y esperan que la instructora así lo acuerde habida cuenta además de que el nuevo fiscal argentino quiere impulsar el caso a diferencia del anterior, que se inhibió.

José María Galante, El Chato, representante de la coordinadora cree que al final los tribunales españoles deberán juzgar a los responsables "cuando se rompa su cerrazón, se pongan como se pongan", lo que a su juicio ya se está comenzado a lograr, aunque de momento seguirán intentando que avance la investigación en Argentina y en otros países incluidos los tribunales de la Unión Europea.

Ha explicado que en esta causa se investigan 150.000 muertos que estarían en más de dos mil fosas comunes, desapariciones, robos de recién nacidos, trabajos esclavos y torturas a detenidos y presos políticos.

Jueces dispuestos a colaborar con la investigación

Han anunciado que estudiarán la presentación de querellas en juzgados españoles una vez que han visto esta semana que hay jueces dispuestos a colaborar, si bien estiman que debería ser la Audiencia Nacional la que al final centralizara toda la investigación.

El abogado Máximo Castex ha agradecido la colaboración de los juzgados de Guernica en el País Vasco donde han declarado dos hermanos, así como los de Sevilla, Carmona y Marchena en la provincia sevillana, donde lo han hecho otras tres víctimas, y sobre todo al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ante el que comparecieron este jueves junto a María Servini dos mujeres nonagenarias.

Ha lamentado sin embargo la falta de cooperación del Juzgado de Miranda de Ebro (Burgos), donde estaba prevista la declaración de una víctima, y de otro de Málaga, que frustró una inspección ocular en el cementerio de San Rafael en el marco de la investigación de las fosas comunes.

Máximo Castex ha destacado que el primer objetivo de reparación de estas víctimas se han cumplido al poder declarar ante los jueces.

El letrado Carlos Slepoy ha destacado que "hay jueces españoles que se prestan a colaborar y fueron de especial relevancia las declaraciones de ayer en la Audiencia Nacional", un tribunal del que ha recordado que fue el que paralizó la investigación que inició el exjuez Baltasar Garzón sobre estos crímenes, lo que ha calificado de "inédito".

También ha valorado que haya jueces españoles que se rebelan contra la decisión del Gobierno de paralizar la justicia universal en España y ha recordado lo que una de las víctimas declaró esta semana a los jueces que le interrogaban: "Antes de morirme quiero tener un hueso de mi padre".

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