El dinero recibido por la banca o comprometido con ella fue de 108.000 millones entre 2009 y 2012

• Son datos de un informe realizado por Tribunal de Cuentas enviado al Congreso 
• Del total, 50.800 millones es dinero público que se inyectó en las entidades
• El Tribunal de Cuentas reprocha la lentitud del FROB con Catalunya Caixa
• Denuncia que las intervenidas siguieron con políticas comerciales  agresivas

El volumen de dinero empleado o "comprometido" entre 2009 y 2012 con el sistema financiero español ronda los 108.000 millones de euros. Así lo asegura el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del FROB, de  los Fondos de Garantía de Depósitos y del Banco de España sobre la  reestructuración bancaria en esos tres años al que ha tenido acceso Efe.

Más de la mitad de esos 108.000 millones de euros, unos 57.000 millones, se ha gastado en aportaciones directas al capital de las entidades financieras. De ellos, a su vez, unos 50.800 millones salieron del Estado, a través del FROB -que ha canalizado el dinero procedente de Europa-. El resto -unos 6.200 millones de euros- salieron de los Fondos de Garantía de Depósitos, que se nutren de las aportaciones de las propias entidades financieras.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, a continuación figura una partida de 28.666 millones de euros comprometida también por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y los Fondos de Garantía de Depósitos, que son las pérdidas máximas que se pueden llegar a cubrir en entidades vendidas con esquemas de protección de activos, algo que ha ocurrido, por ejemplo, con la CAM y el Sabadell.

Además, en su informe, según la agencia Efe, el Tribunal de Cuentas suma líneas de créditos concedidas a las entidades por un máximo de 16.300 millones de euros.

“La CAM ha recibido o tiene comprometido más dinero que BFA-Bankia“

Por entidades, a tenor de las ayudas recibidas y el volumen de recursos comprometido, Banco CAM es el que más dinero acapara con 24.861 millones de euros, por encima de los 22.426 millones de Bankia y su matriz BFA.

En el caso del Banco de Valencia, los fondos comprometidos superan los 17.868 millones de euros; en Catalunya Banc, 12.055 millones; en Novagalicia, 9.055 millones; en Caja Castilla-La Mancha (CCM), 7.316 millones; y en Unnim Banc, hasta 5.779 millones.

La lenta  reacción del FROB agravó la situación de Catalunya Caixa

El Tribunal de Cuentas, además, ha denunciado que la lenta reacción del FROB una vez convertido en  accionista mayoritario de Catalunya Caixa agravó la situación de  la entidad y "supuso un perjuicio para la gestión ordinaria" de la  misma. Además critica que el organismo público no vigilara ni la política comercial del grupo catalán ni del resto de entidades intervenidas.

Así lo recoge en su Informe de fiscalización de la legalidad de  las actuaciones del FROB, de los fondos de garantía de depósitos y  del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria  entre los años 2009 y 2012, que el Tribunal ha remitido al Congreso y  al que han tenido acceso Europa Press y Efe.

En el documento, el Tribunal explica que el FROB, desde que se incorporó al consejo de administración de Catalunya Caixa en octubre de 2011, tendría que haber establecido los "instrumentos necesarios" para resolver su situación, algo que no ocurrió y que "supuso un perjuicio para la gestión ordinaria" de la entidad.

En este sentido, el Tribunal señala que el FROB tardó en nombrar a los consejeros a los que tenía derecho como accionista único de la entidad, a los que no se les atribuyeron sus derechos políticos hasta enero de este año, cuando el fondo notificó al Registro Mercantil los votos que le correspondían.

Y es que, según se recuerda en el informe, tras convertirse en el socio mayoritario de la entidad, el FROB decidió mantener a los consejeros existentes, y ya en diciembre de 2011, cuando pasó a ser el accionista único, acordó destituir como consejeros dominicales a cuatro miembros del máximo órgano de gestión.

Sin embargo, fuentes próximas al FROB citadas por la Agencia Efe recuerdan que no fue hasta mediados de 2012 cuando el organismo público renovó su cúpula y Antonio Carrascosa asumió la dirección general, momento a partir del cual se descartó la posibilidad de subastar la entidad y se optó por destituir a los administradores de Catalunya Caixa.

En mayo de 2013, y tras haber aportado a Catalunya Caixa 12.052 millones, el Tribunal de Cuentas recuerda que el FROB decidió cesar como miembros del consejo al presidente ejecutivo y al consejero delegado, entre otras razones por la suspensión de dos procesos de venta de la entidad.

Tras ello, el consejo de administración de la nacionalizada pasó a estar formado por seis miembros, y el FROB nombró consejeros ejecutivos a dos de los representantes que tenía en este órgano.

Una situación similar se dio en el Banco Gallego, donde el FROB  tampoco ejerció "plenamente" los derechos que le correspondían como  titular indirecto de la entidad a través de su participación en NCG,  ya que no designó un número de miembros del consejo de administración  de Banco Gallego que representara una proporción equivalente" al más  del 45% que controlaba en la entidad a partir de octubre de 2011.

De  hecho, desde junio de 2012 solo una persona representaba al FROB en  el Banco Gallego, lo que "ha podido, al menos, dificultar" el  cumplimiento "adecuado" de su plan de recapitalización.

"Políticas comerciales agresivas"

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también ha recogido en su informe que Catalunya Caixa llevó a cabo "políticas comerciales agresivas", una práctica que extiende al resto de entidades nacionalizadas y que el FROB debería haber vigilado.

Las entidades no podían ofrecer rentabilidades superiores a la media de los rendimientos más altos ofrecidos por los bancos no intervenidos, y si se sobrepasaban, se las penalizaba con una aportación adicional al Fondo de Garantía de Depósitos.

El Tribunal considera probado que las nacionalizadas ejercieron estas prácticas agresivas, dado que ingresaron la aportación adicional con la que se las penalizaba por ello.

Sin embargo, el Fondo no recopiló la información necesaria para  hacer ese seguimiento, según el Tribunal de Cuentas que señala que "existen indicios para afirmar que, al  menos entre junio de 2011 y agosto de 2012, dichas entidades no  cumplieron con sus obligaciones de no realizar políticas comerciales  agresivas".

Así, el Tribunal de Cuentas recomienda que se incluyan mecanismos  "claros" de seguimiento en la normativa reguladora de los procesos de  reestructuración y resolución bancaria, y sugiere al FROB "extremar  la diligencia en adoptar todas las medidas que la normativa le  permita con objeto de asegurar la defensa del interés público en las  entidades participadas por apoyadas por el Fondo".