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Industria amplía de 5 a 8 las comercializadoras obligadas a suministrar la tarifa eléctrica regulada

  • A las cinco grandes se suman ahora Cide, Gaselec y la suministradora de Ceuta
  • El borrador del decreto sobre las nuevas tarifas cumple así una sentencia de 2011
  • Consumidores con más de 10 kv de potencia pagarán un 20% más sobre la tarifa

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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha ampliado a ocho las comercializadoras que estarán   obligadas a suministrar el nuevo Precio Voluntario al Pequeño  Consumidor (PVPC), que sustituye desde enero a la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR). Hasta ahora, solo las comercializadoras de las cinco mayores eléctricas tenían obligación de cubrir la tarifa regulada.

La nueva lista aparece en el borrador de real decreto por el que  se establece la metodología de cálculo del nuevo PVPC, que ha sido  remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  (CNMC) y al que ha tenido acceso Europa Press y cuyos principales cambios ya han sido adelantados por el Ministerio de Industria y Energía, como la supresión de las subastas trimestrales o el ahorro logrado al suprimir los sobrecostes financieros asociados a esas pujas.

Junto a las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola,  Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP España- figurarán a partir de ahora otras tres, cuyo  mandato se limita a las zonas en las que tienen una implantación  significativa. Estas empresas son Cide HC-Energía, la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta y Gaselec.

El objetivo de esta ampliación es cumplir una sentencia de  2011 que dió la razón a las grandes eléctricas, al considerar discriminatorio que ellas  suministrasen  la tarifa regulada de forma obligada.

El nuevo real  decreto fija ahora unos criterios concretos para este servicio, entre  ellos, el de haber suministrado a más de 100.000 clientes durante el  año anterior, o a 25.000 en el caso de Ceuta y Melilla.

En todo caso, también podrán suministrar el nuevo PVPC las empresas que lo deseen y cumplan ciertas  garantías, entre ellas la de llevar tres años en el negocio y  disponer de más de 25.000 clientes.

Recargo del 20% para potencias que exceden la del PVPC

La norma también resuelve la incertidumbre de aquellos consumidores que  se habían quedado sin derecho a tarifa regulada al tener más de 10  kilovatios (kW) de potencia contratada y que no encontraban  suministro a mercado.

Para esos usuarios, en muchos casos  ayuntamientos e instalaciones públicas, se determina que paguen el PVPC con un recargo del 20%.

Además, el borrador también establece el  nuevo sistema que fijará los precios de la parte correspondiente a la  energía de esa tarifa regulada en función de los precios resultantes del mercado mayorista. Según Industria, ese modelo es mejor porque sigue la evolución real de los precios, mientras que en el anterior de subastas trimestrales, el precio se fijaba a priori mediante la negociación de futuros financieros y "no se correspondía con los  resultados del mercado".

De hecho, el borrador cifra en 1.100 millones el importe que los  consumidores han pagado en concepto de las coberturas de riesgo  realizadas en esas subastas Cesur, a razón de 280  millones de euros al año. Por eso, Industria indica que el nuevo mecanismo supondrá un ahorro del 3% anual para los  consumidores,  que no tendrán que hacer frente al coste de  aseguramiento asociado a  las subastas eléctricas.

Las facturaciones para el nuevo modelo seguirán realizándose sobre lecturas reales de  los contadores, de modo que cada bimestre recogerá el consumo y el precio medio en esos dos meses en el mercado mayorista.

Para los  consumidores que cuentan con equipos electrónicos de telemedida, los precios se determinarán por cada hora de consumo, ya que en el mercado mayorista la cotización se establece minuto a minuto. Para quienes cuenten con un contador normal, el precio aplicado será una media de los marcados día a día en el mercado mayorista.

Ofertas para precios anuales

El borrador también recoge las condiciones para las ofertas que  deberán presentar las comercializadoras a los consumidores con un  precio fijo para el conjunto del año. Esta opción se dirige a los  usuarios que prefieran unas referencias más estables, y las ofertas  serán "públicas, transparentes y comparables".El Gobierno ya ha adelantado que esa opción será más cara que el pago bimensual.

Las ofertas deberán presentarse antes del 30 de abril, informarán  tanto de lo que se paga en peajes como del precio del kilovatio hora y deberán incluir los importes finales antes y después de  impuestos. Además, no podrán incluir ningún otro producto o servicio,  energético o no.

En todo caso, advierte el borrador, la parte de los peajes eléctricos incluida en esas  ofertas se podrá revisar "de acuerdo a la normativa de  corresponda", ya que ese componente podrá modificarse si hay un desajuste entre los ingresos y los costes reconocidos del sistema eléctrico. La parte del coste de energía  solo podrá revisarse pasado el año de su vigencia.

El borrador de la norma remitido a Competencia también establece un mecanismo para que, en el caso de que el  precio del mercado eléctrico mayorista haya sido inferior al fijado por  el Gobierno para este primer trimestre,  devolver el importe cobrado de  más a los consumidores. Para ello, se alude a un nuevo término, conocido como CIF, con el  que figurarán en la factura estos posibles importes cobrados de más. Industria  fija de plazo hasta el 15 de mayo para que la CNMC establezca el  valor de esta posible devolución.