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La Audiencia rechaza anular la orden para arrestar al expresidente Zemin por el genocidio del Tíbet

  • Rechaza el recurso del fiscal contra la detención de Zemin y otros exdirigentes
  • La sección cuarta ordenó al juez Moreno que dictara órdenes de busca y captura
  • El martes se debate una proposición de ley para limitar la justicia universal
  • Lee el auto de la Audiencia Nacional sobre el genocidio en el Tíbet (.pdf)

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Imagen de archivo del expresidente chino Jiang Zemin
Imagen de archivo del expresidente chino Jiang Zemin REUTERS

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de la Fiscalía para anular la orden de búsqueda y captura internacional del expresidente chino Jiang Zemin y a otros cuatro exmandatarios del país como presuntos responsables del genocidio en el Tíbet durante los años 80 y 90.

En su resolución, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, presidida por Ángela Murillo, rechaza el incidente de nulidad presentado el pasado 20 de enero por el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos.

El fiscal argumentaba que para dictar las órdenes de arresto, que causaron un "fuerte malestar" en el Gobierno chino, tenía que existir en el procedimiento un auto de prisión motivado, pero la sala dice ahora que ese trámite corresponde al juez instructor, Ismael Moreno, quien debía haber dictado el auto y luego ordenar las detenciones, informa Efe.

La sección cuarta ordenó a Moreno el pasado 18 de noviembre que dictara los arrestos al apreciar, en contra del criterio de este magistrado, que había indicios de delito contra los exdirigentes por su participación en lo que las víctimas califican de un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana".

Sin embargo, el juez aún no ha cumplido las indicaciones de la sala y no ha procedido a dictar la orden de detención, que según la sección cuarta lleva siempre aparejada la previa adopción, también por parte de este juez, de la prisión provisional por medio de un auto.

Además de contra Jiang Zemin, se deben dictar órdenes contra el ex primer ministro chino Li Peng, el ex jefe de seguridad del país Qiao Shi, el ex secretario del partido comunista en Tíbet Chen Kuiyan, y el exministro de planificación familiar Peng Pelyun.

La sección considera que resultaba "innecesario" recordar en su día al juez que antes de dictar la orden de detención debía motivarla en un auto de prisión, ya que el magistrado es "perfecto conocedor" de este extremo.

Reprocha al fiscal que hay recurrido dos meses después

"Si el verdadero problema que late en toda esta controversia -esta es la realidad- estriba en que el juzgador no ha hallado indicios racionales de criminalidad suficientes como para dictar auto de prisión provisional para los querellados, tendrá que atenerse a lo expresado en el escrito de contestación al incidente de nulidad, sin entrar en otras consideraciones", le dice la sala a Moreno.

También reprocha al fiscal que haya pedido la nulidad el pasado 20 de enero, dos meses después de que se ordenaran las detenciones, cuando "decidió darse por notificado" de ello, y presentó un incidente "fundamentándolo en motivos que, de sobra, conocía dos meses antes".

La sala ordenó la detención de Jiang Zemin y los otros cuatro exdirigentes atendiendo un recurso de los querellantes -dos organizaciones y un lama de nacionalidad española- contra la decisión del juez de rechazar su detención, al entender que sí había indicios de que participaran en este supuesto genocidio del pueblo tibetano "habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos".

Proposición de ley para limitar la justicia universal

En virtud al principio de jurisdicción universal, la Audiencia Nacional investiga esta querella presentada contra siete exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Hu Jintao (sucesor de Jiang Zemin en el cargo hasta marzo pasado), sobre quien no se ha dictado orden de detención aunque podría hacerse en el futuro, según apunta Servimedia.

Fue admitida a trámite en 2006, cuando la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pueda ser investigado por jueces chinos o por el Tribunal Penal Internacional.

Precisamente, el Congreso debatirá el próximo martes una proposición de ley para restringir las condiciones en las que un juez español pueda investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, que afectaría a este caso puesto que el querellante no tenía la nacionalidad española cuando se produjeron los hechos.

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