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El TC de Portugal declara ilegal el recorte medio del 10% en las pensiones de los funcionarios

  • El Gobierno de Passos Coelho pretendía ahorrar unos 400 millones

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El Tribunal Constitucional (TC) de Portugal ha declarado ilegal el recorte medio del 10% en las pensiones de los funcionarios, forzando así al Gobierno a idear otras medidas de ahorro para cumplir con lo pactado con Bruselas.

Los doce jueces del Alto Tribunal, que analizaron la ley a instancias del presidente, Aníbal Cavaco Silva, han coincidido por unanimidad que el corte previsto para el año que viene es contrario a la Carta Magna.

El Ejecutivo conservador de Pedro Passos Coelho pretendía ahorrar con esta norma, aplicable a salarios superiores a 600 euros al mes, unos 400 millones líquidos, considerados fundamentales para cumplir con las metas de déficit del país para 2013 (5,5%) y 2014 (4% del PIB).

Su objetivo era además acercarse a una convergencia entre el valor de las pensiones del sector público y las del sector privado.

El Gobierno tendrá que presentar medidas alternativas

El Gobierno, que ha insistido en que no tendría plan alternativo a un revés del TC, deberá presentar medidas compensatorias a la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los integrantes de la troika acreedora que presta a Portugal 78.000 millones desde junio de 2011.

En la décima revisión a las cuentas lusas (finalizada el pasado lunes) los tres organismos resaltaron que Lisboa, aún con una sentencia desfavorable, reafirmaba su "compromiso" para alcanzar la meta fiscal del 4% el próximo año.

Se especula que la anulación del recorte en las pensiones pueda forzar a un nuevo aumento de impuestos, probablemente sobre el IVA.

Portugal, que ha registrado en los últimos meses indicadores positivos, tiene previsto abandonar el programa de la troika en junio de 2014 después de atravesar una dura recesión (ha llegado a acumular once trimestres con caídas del PIB) y un alto desempleo que rozó durante este año el 18%.

No es la primera vez que el Constitucional luso tumba una medida del Gobierno, pues el pasado agosto ya consideró ilegal la ley que facilitaba la salida de funcionarios por violar la garantía del empleo y el principio de confianza.

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