Becerril pide un arbitraje "universal e independiente" para los afectados por preferentes

• La Defensora del Pueblo ha elaborado un informe tras recibir 1.764 quejas
• Becerril propone medidas paliativas para los tenedores de preferentes

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Gobierno que el proceso de arbitraje para los afectados por una mala comercialización de participaciones preferentes sea universal e independiente, y que dé satisfacción al mayor número posible de afectados, que "deben recuperar su inversión".

Así lo ha manifestado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), celebrada en la Cámara Baja, donde Becerril ha presentado el informe Participaciones preferentes: actuaciones y propuestas, redactado por el organismo.

El afectado por preferentes es una persona mayor con un perfil adverso al riesgo y "poco acostumbrado a adquirir productos financieros tan complejos y sofisticados" y que han recibido "una muy insuficiente información, según Becerril".

1.764 quejas sobre preferentes

De hecho, la mayor parte de quienes han presentado las 1.764 quejas ante la Defensora del Pueblo sobre preferentes son ciudadanos con escaso acceso a otros recursos como el judicial.

Esto llevó a la Defensora a realizar este estudio, con recomendaciones a las diferentes administraciones públicas para atender a los afectados. Por una parte, se plantean "medidas preventivas, todas sobre dar una información correcta porque muchos de los afectados no conocían los riesgos", y, por otra parte, se proponen "medidas paliativas, que son las más acuciantes para dar satisfacción o no a los tenedores de preferentes".

En concreto, entre las recomendaciones paliativas del departamento que dirige Becerril destaca la petición de "un arbitraje universal al que pueda acudir todo aquél que quiera, y que el órgano que lo canalice sea independiente, porque si depende del banco jugará a favor de la entidad".

Además, Soledad Becerril se ha comprometido a seguir "muy atenta" el procedimiento conforme vaya avanzando para ver "qué pasa y qué queda fuera" del filtro establecido por el Gobierno para acceder al arbitraje, así como para conocer "qué soluciones se van dando y si son razonablemente satisfactorias".

"Estamos en ello, no vamos a dejar este asunto, lo seguiremos con mucho interés y nos parece que el arbitraje al final debe dar satisfacción al mayor número de personas que, razonablemente, deben recuperar la inversión. Habrá quien sabía lo que compraba, pero hay que discernir quiénes no lo sabían por ingenuidad, falta de información o, directamente, engaño", ha apostillado.

Requisitos para el arbitraje

Con respecto a los requisitos fijados por la comisión de seguimiento de las preferentes constituida por el Ejecutivo, que son los que determinan quiénes pueden acceder al arbitraje y quiénes no, la Defensora envió hace unas semanas algunas preguntas a Economía para aclarar algunas dudas.

El pasado viernes, 24 de mayo, Becerril recibió la respuesta de De Guindos, que precisó que los criterios "no son acumulativos, sino alternativos". Es decir, que "no es necesario cumplir con un número determinado" sino únicamente alguno de ellos.

La respuesta ministerial hace referencia a dos de los requisitos, como son que haya habido falta de información o información incorrecta, que para Economía es "un elemento fundamental" a la hora de ver si se pasa la criba o no; o conocer el patrimonio del inversor y dónde lo tiene colocado, para "saber el perfil de la persona" y determinar si tenía suficientes conocimientos para contratar este tipo de productos.

La Defensora también planteó su temor a que algunos de estos requisitos fueran excesivamente "restrictivos", a lo que Economía ha contestado que son "criterios básicos para que los titulares de preferentes queden adecuadamente compensados del perjuicio económico soportado", según ha leído Becerril. "Claro, adecuadamente es algo interpretable", ha dicho, defendiendo una vez más la necesidad de que los estafados recuperen su inversión.

Prioridad para los tenedores de menos de 10.000 euros

El Ejecutivo también ha defendido la decisión de priorizar las soluciones para quienes invirtieron menos de 10.000 euros, algo que "no impide que los titulares de una inversión superior puedan acceder también" al arbitraje y que "beneficiará a más de 115.000 afectados, el 61% del total", según datos de Economía.

Becerril ha valorado la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en todo este problema, alegando que en 2008 "advirtió a las entidades del riesgo de estos productos" aunque "la mayoría no hicieron caso".

"La CNMV actuó, hay que decir la verdad, pero la mayor parte de las entidades no reaccionaron y siguieron vendiendo estos productos", ha insistido, recordando además que este tipo de productos es "legal" y que durante los años de bonanza, cuando "los tenedores recibían sus remuneraciones y quedaban satisfechos", no hubo quejas al respecto.