El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar en calidad de imputados a los representantes legales de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), para el próximo 22 de febrero. El instructor del 'caso Bankia' cerrará así la ronda de comparecencias que comenzaron el pasado mes de noviembre.

Andreu ya ha interrogado a los 33 exconsejeros imputados en la causa, incluido al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El magistrado interrogará a lo largo de esta semana y la que viene a un total nueve testigos. Este martes ha comparecido el exsubgobernador del Banco de España, Francisco Javier Aríztegui.

Aríztegui ha afirmado que el supervisor "dejó de tener el control en la crisis" de Bankia cuando el Ministerio de Economía asumió un "protagonismo público y notorio" al exigir un nuevo plan de capitalización para la entidad.

Entre el jueves y el viernes declararán el actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y su predecesor en el cargo, Miguel Angel Fernández Ordóñez. El juez Andreu ha citado para la próxima semana, también en calidad de testigos, al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; al socio de la auditora Deloitte Francisco Celma, y al presidente de Lazard, Jaime Castellanos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional también había citado para el próximo 18 de febrero al ministro de Economía, Luis de Guindos, pero éste ha comunicado al magistrado que declarará por escrito debido a sus "múltiples obligaciones". La declaración por escrito es una posibilidad que la ley otorga, entre otros, a los ministros del Gobierno cuando son llamados como testigos.

Petición de información a dos cajas

El magistrado también ha librado oficio a Caja Canarias y a Caixa D'Estalvis Laietana para que le remitan información sobre sus aportaciones al crédito en el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria y sus estrategias de financiación según las exigencias del Banco de España en noviembre de 2010.

Andreu quiere también saber su valoración de inmuebles, muebles, terrenos y provisiones realizadas sobre estos activos, así como los activos empleados como garantía en las operaciones de préstamo y crédito, en especial las inmobiliarias.

El juez hace este requerimiento después de que BFA comunicara que no dispone de la misma al ser "su gestión y registro responsabilidad directa de cada una de las cajas integrantes del SIP".