El Consejo de Ministros de Egipto ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que regula la convocatoria de manifestaciones en lugares públicos y que contiene algunas restricciones, tras las últimas protestas que han derivado en graves disturbios.
Tras la reunión ministerial, presidida por el jefe de Gobierno, Hisham Qandil, el ministro de Justicia, Ahmed Meki, ha dicho que esa normativa ha sido elaborada para "devolver el pacifismo a las protestas" y evitar que se mezclen manifestaciones pacíficas y acciones de violencia.
Entre las condiciones para efectuar una movilización pública figura la prohibición de manifestarse a menos de 200 metros de instituciones vitales del Estado y de cubrirse con capuchas, máscaras o pasamontañas.
Algunas de las últimas protestas han tenido lugar frente al Palacio Presidencial de El Cairo, donde han estallado violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
Además, en los recientes disturbios han irrumpido con fuerza un grupo autodenominado Black Bloc, cuyos miembros cubren su rostro con pasamontañas negros y abogan por la violencia para lograr la caída del presidente egipcio, Mohamed Mursi.
El proyecto de ley también estipula que los convocantes deben notificar a las autoridades la manifestación con tres días de antelación, y que la policía debe proteger las marchas, según ha señalado Meki en rueda de prensa.
Los gobernadores provinciales deberán, asimismo, prohibir la tenencia de todo tipo de armas y las agresiones a personas y a la propiedad pública y privada durante las protestas.
La normativa permite a la policía alterar el recorrido de las marchas, prohíbe obstaculizar los intereses del Estado y sanciona a todo quien financia manifestaciones no pacíficas.
El proyecto de ley "Protección al derecho de manifestarse" será ahora remitido a la Cámara Alta del Parlamento, que ostenta todo el poder legislativo al estar la Cámara baja disuelta.
En la reunión del Consejo de Ministros, se ha analizado también un proyecto de ley sobre la tortura, cuyas discusiones continuarán la próxima semana.
Esta normativa se estudia después de las recientes denuncias de torturas efectuadas por la policía a algunos activistas detenidos en las protestas.
Desde el pasado 25 de enero, cuando se conmemoró el segundo aniversario de la revolución, cerca de sesenta personas ha muerto y miles han resultado heridas por los choques entre fuerzas del orden y manifestantes que protestan contra Mursi y los Hermanos Musulmanes.
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