El Gobierno rebajará las tasas en primera instancia como pedía la Defensora del Pueblo

• Así lo ha anunciado el ministro de Justicia en rueda de prensa en el Congreso
• Se introducirán reducciones en primera instancia, civil y contencioso
• Se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria para la vivienda habitual
• También hay "disposición" a introducir jurisprudencia del TS en la ley del indulto

El Gobierno rebajará las tasas en primera instancia como pedía la Defensora del Pueblo

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que el Ejecutivo asume las recomendaciones del informe de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor para supuestos concretos y situaciones determinadas.

En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.

Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado "muy enriquecedora" la labor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos, y "ha visto más y mejor" que el Ministerio de Justicia.

El Gobierno estudia ahora la fórmula que se utilizará para introducir los cambios que pide la Defensora del Pueblo, y para anticipar la entrada en vigor de algunas de las modificaciones que ya contemplaba la Ley de Justicia Gratuita, que se está tramitando en el Congreso.

Las modificaciones previstas, a su juicio, son acordes con los principios de ese nuevo proyecto en tramitación, que avala la Defensora del Pueblo y que persiguen que el sistema de financiación de la justicia gratuita no sea soportado sólo por los contribuyentes, sino que también recaiga en los litigantes.

Unos cambios que, en su opinión no deslegitiman el proyecto del Ejecutivo, sino que lo mejoran y consolidan el sistema de tasas aprobado en la ley que entró en vigor el pasado mes de noviembre y que estableció una subida generalizada de las mismas de entre 50 y 750 euros.

Celebrado por los funcionarios

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F),  sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, ha celebrado esta "reconsideración" que no habría sido posible, en su opinión, sin  la acción de los sindicatos, las asociaciones de justicia y  movimientos como la Plataforma Justicia para Todos.

CSI-F y el resto de sindicatos han convocado un paro el próximo 20 de febrero en protesta por la privatización del Registro Civil y el deterioro de la justicia. Piden mejores medios materiales y humanos y el  reconocimiento de los derechos laborales de los profesionales de este  sector.

Propuestas de la Defensora del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, había propuesto al ministro la modificación de la ley de tasas judiciales para, entre otros, reducir la cuantía en los casos de primera instancia civil y contencioso-administrativo.

Es una de las "varias" recomendaciones que Becerril ha trasladado, en una reunión, al titular de Justicia para modificar "aspectos sustanciales"  de la ley de tasas, ha informado en un comunicado la oficina del  Defensor del Pueblo, que tiene de plazo hasta el 21 de febrero para  decidir sobre la conveniencia de presentar un recurso de  inconstitucionalidad a la norma.

Antes de que expire el plazo, la Defensora ha pedido que además de  reducir las tasas en primera instancia, se module la cuantía en función  de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas, así como  que se modere la cantidad para facilitar el acceso a los recursos en  los distintos procesos.

Ha propuesto también la supresión de las tasas que se devengan cuando  se enjuician los procedimientos sancionadores; las de los  procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de  suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de  resoluciones arbitrales de consumo.

Por último, ha recomendado devolver las tasas ya cobradas a las  personas que resulten beneficiarias, según la nueva normativa de  asistencia jurídica gratuita.

"Dispuesto" a reformar el indulto

El ministro de Justicia también se ha mostrado "plenamente dispuesto" a reformar la regulación del derecho de gracia para incorporar la doctrina del Tribunal Supremo, que ha anulado los efectos administrativos del indulto al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz.

Gallardón ha señalado que no ha tenido acceso a la resolución del Supremo, pero ha considerado que su fallo debe llevar a una reflexión "sobre cuáles deben ser las formas, las condiciones, las limitaciones, en su caso, del ejercicio del derecho de gracia por parte del Ejecutivo".

El Supremo ha decidido que los antecedentes penales del consejero delegado del Santander, Alfredo Saénz, deben contar con todos sus "efectos administrativos" y ha fallado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se extralimitó en sus funciones cuando estableció que no le podía afectar ningún "impedimento para ejercer la actividad bancaria".