El Banco de España decidirá si un imputado puede ser directivo de una caja de ahorros

• La nueva ley de cajas exige "honorabilidad y experiencia" para ser consejero
• Deben estar en disposición de ejercer "un buen gobierno" de la entidad
• No hay límites a la remuneración salvo si han recibido ayudas

El Banco de España determinará si un imputado  puede convertirse en directivo de una caja, ya que la nueva ley de cajas de ahorros incluye un mayor  "escrutinio" sobre la honorabilidad, la experiencia y  la compatibilidad de estos cargos.

Será el  supervisor el que decida si un imputado puede estar presente en  alguno de los órganos de dirección de las cajas de ahorros. "Es un  elemento más que valora el Banco de España en el momento de  designación o nombramiento del consejo. Tiene un plazo de diez días  para decidir", han indicado fuentes del Ministerio de Economía.

La norma, en audiencia pública hasta el 7 de febrero, establece que todos los miembros del Consejo de Administración de la  caja "serán personas de reconocida honorabilidad comercial  y profesional, deberán poseer conocimientos y experiencia adecuados  para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen  gobierno de la entidad".

Estos requisitos deberán cumplirlos también los directores  generales o asimilados, "así como en las personas que asuman  funciones de control interno u ocupen puestos clave para el  desarrollo diario de la actividad de la entidad, conforme establezca  el Banco de España".

Finalmente, el Gobierno no ha fijado límites genéricos a las remuneraciones de los directivos de las cajas, más allá de los que deben cumplir las entidades que han recibido ayudas públicas. Un informe anual de gobierno corporativo explicará la política de remuneraciones y se remitirá al Ministerio de Economía.

Análisis de la honorabilidad

Para valorar la honorabilidad, se tendrá en  cuenta la trayectoria del consejero, directivo o empleado en su  relación con las autoridades de regulación y supervisión, además de  las razones por las que pudiera haber sido despedido o cesado en  cargos anteriores.

También será analizado su historial de solvencia y cumplimiento de  sus obligaciones, los resultados obtenidos en el desempeño de sus  responsabilidades, o si se hubiera declarado en concurso. A la hora de evaluar la condena por la comisión de los delitos  dolosos y la sanción por la comisión de infracciones administrativas,  se tendrá en cuenta si la condena o sanción es o no firme, la  gravedad de la condena o sanción impuestas.

Se estudiarán los hechos que motivaron la condena o sanción, especialmente si se trata de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales,  contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la  Seguridad Social o son infracciones de las normas bancarias, que regulan los seguros, el mercado de  valores, o la protección de los consumidores.

Además se comprobará si estas acciones se realizaron en provecho propio o  en perjuicio de los intereses de terceros después de que se le  hubiese encargado la administración o la gestión de negocios, y la  relevancia de los hechos en relación con las funciones asignadas al consejero o directivo.

Asimismo, se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido, la existencia de circunstancias atenuantes, la  posible extinción de la responsabilidad penal y la conducta posterior  desde la comisión del delito o infracción, así como la reiteración de  condenas o sanciones por faltas o infracciones.

Dos semanas de plazo

"Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en algún  consejero, directivo o empleado, alguna de las circunstancias  anteriores y esta resultase relevante para la evaluación de su  honorabilidad, la caja lo comunicará al Banco de España en  el plazo máximo de dos semanas", advierte la nueva ley.

A los miembros de los órganos directivos también se les exigirá  una serie de conocimientos y experiencia adecuados en banca y  servicios financieros, así como que demuestren la experiencia que han  tenido en este campo.

"El Consejo de Administración deberá contar con miembros que  reúnan suficiente experiencia profesional en el gobierno de entidades  financieras para asegurar la capacidad efectiva en el Consejo de  Administración de tomar decisiones de forma independiente y autónoma  en beneficio de la entidad", señala.