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Entran en vigor las tasas en los juzgados

PSOE lanza una 'ofensiva' contra las tasas judiciales e IU pide que actúe la Defensora

  • La Izquierda Plural firmará en el recurso de inconstitucionalidad del PSOE

  • Gallardón critica a los que quieren mantener el "antiguo régimen" judicial

  • La OCU tacha de "recaudatoria y disuasoria" la subida de tasas judiciales

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La oposición y las asociaciones de consumidores han puesto en marcha acciones en contra de las nuevas tasas judiciales que han entrado en vigor este jueves aunque no se empezarán a cobrar de momento porque no están listos los impresos.

El PSOE, además de recurrir al Tribunal Constitucional como ya anunció el martes, ha registrado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados para introducir exenciones al pago, mientras que la Izquierda Plural ha pedido a la Defensora del Pueblo que las denuncie.

Gallardón ha defendido las tasas y ha criticado a los que quieren mantener el "antiguo régimen" de la justicia.

Por primera vez los ciudadanos, que hasta ahora estaban exentos, tendrán que pagar tasas en los procesos civiles, contencioso-administrativos y de los social. Recurrir una sentencia costará 800 euros; 1.200 si es en apelación ante el Tribunal Supremo.

Los socialistas han anunciado este jueves que van a emprender una ofensiva judicial, parlamentaria y ciudadana para obligar al presidente Mariano Rajoy a "rectificar" la nueva ley de tasas judiciales, porque consideran que es la "peor" ley que ha aprobado su Gobierno.

En el frente judicial, los socialistas van a recurrir al Tribunal Constitucional; en el Congreso han registrado este jueves una serie de once proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas; y en la calle estarán "con los ciudadanos en cualquier iniciativa" que emprendan.

"Vamos a denunciar continuamente los efectos nocivos, el impacto negativo de una ley que no tiene nada que ver con la crisis ni con el ahorro económico; es pura ideología, de la peor ideología de la derecha", ha advertido la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez.

Junto al registro de la Cámara Baja, tras formalizar su batería de iniciativas, Rodríguez ha aseverado que esta ley "debe ser retirada por el presidente del Gobierno, porque el ministro de Justicia (Alberto Ruiz-Gallardón) ha decidido que los derechos de los ciudadanos valen lo que vale su cartera".

Izquierda Plural acude a la Defensora del Pueblo

Por su parte, la Izquierda Plural se ha dirigido por escrito a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra las tasas judiciales al dejar a los ciudadanos "sin tutela judicial efectiva", según ha explicado su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares.

En una comparecencia en el Congreso, Llamazares ha señalado que la ley de tasas judiciales es un "atraco judicial" que afectará al 80 por ciento de la población, y ha exigido su paralización inmediata por el "daño" que ocasiona.

De manera simultánea, ha adelantado Llamazares, la Izquierda Plural remitirá una carta al grupo socialista y a otras fuerzas políticas para ofrecer la firma de sus once diputados de cara a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional que ha planteado el PSOE.

Gallardón critica a los que quieren mantener el "antiguo régimen"

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido la constitucionalidad del aumento de las tasas judiciales, y los beneficios que supondrá para la justicia gratuita frente a las críticas de quienes -ha dicho- quieran mantener "el antiguo régimen".

El ministro se ha pronunciado así tras la presentación en la Casa Sefarad-Israel de la instrucción que regulará la concesión de nacionalidad a los sefardíes por carta de naturaleza, a la que también ha asistido el titular de Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.

"Entiendo y respeto a los que quieren continuar en el régimen vigente pero nosotros no estamos dispuestos a tener esa actitud conservadora", ha dicho Gallardón tras asegurar que pese a las críticas recibidas, el Ejecutivo va a cumplir su compromiso de hacer de la Justicia un servicio más eficiente que ayude a aumentar la competitividad, la inversión y la creación de empleo.

La OCU tacha de "recaudatoria y disuasoria" la subida de tasas

La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Iliana Izverniceanu, ha tachado de "recaudatoria y disuasoria" la ley que aumenta las tasas judiciales.

"No se han podido empezar a cobrar porque no hay formularios. Esto pasó con el copago farmacéutico; los farmacéuticos tampoco sabían cuánto podían cobrar dependiendo de la renta porque no estaba todavía todo hilado", ha ironizado la portavoz de la organización.

Para Izverniceanu, se trata de una "ley aberrante, porque es recaudatoria y disuasoria, no para el incumplidor, sino para aquellas personas que ven que sus derechos han sido vulnerados, conculcados y no le quedan más remedio que acudir al orden jurisdiccional a defender sus derechos".

Según la portavoz de la OCU, con la subida de tasas muchos usuarios de clase media optarán por no reclamar porque "les va a costar más el collar que el perro".

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha, a través de su página web, una campaña de recogida de firmas contra la ley de tasas judiciales para trasladar al Gobierno "la opinión y el rechazo" de los ciudadanos ante esta medida, que considera anticonstitucional.

En una rueda de prensa, el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha afirmado que la ley supone "la incapacidad de muchos ciudadanos para acudir a los tribunales de justicia por no poder asumir las tasas que se imponen, que resultan totalmente desproporcionadas".

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