El expresidente de NCG Banco avala las pensiones de exdirectivos por ser los "culpables del éxito"

• Fernández Gayoso, está imputado por la Audiencia Nacional
• Acusa al Banco de España de conocer las indemnizaciones millonarias
• Novacaixagalicia Banco está controlada por el Estado

El excopresidente de Novacaixagalicia Banco (NCG Banco), Julio Fernández Gayoso, ha defendido este lunes la legalidad de las indemnizaciones y pensiones cobradas por los exdirectivos procedentes de Caixanova, que en su opinión merecían por ser los "culpables del éxito" de la entidad.

Fernández Gayoso ha declarado como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso de las prejubilaciones millonarias cobradas por cuatro altos directivos supuestamente de forma indebida, por ser  "cooperador necesario" en la mejora de los contratos de cuatro  directivos de caja fusionada, que fue más tarde nacionalizada.

Novagalicia Banco, resultante de la unión entre las cajas gallegas  Caixa  Galicia y Caixanova y su posterior conversión en banco, indemnizó a  cuatro de sus directivos con 29,7 millones de euros.

“El Banco de España conocía las indemnizaciones millonarias“

Tal y como habían declarado el resto de imputados, Fernández Gayoso ha insistido en que el consejo de administración de la entidad y el Banco de  España tuvieron conocimiento de las modificaciones introducidas entre  octubre y diciembre de 2010 en los contratos de José Luis Pego, Gregorio  Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada (procedentes de Caixanova) y Jesús  García de Paredes (Caixa Galicia).

Durante su declaración, Fernández Gayoso ha llegado a afirmar que el  Banco de España disponía de un dossier en el que se detallaban las  modificaciones de los contratos, que Anticorrupción precisó que no  consta en el sumario. No obstante, el excopresidente ha  incidido en que no intervenía en las comunicaciones con el Banco de  España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que  correspondía realizar al exdirector general, José Luis Pego.

En cualquier caso, Fernández Gayoso ha reconocido ser consciente de las  cantidades multimillonarias que correspondía percibir a los  exdirectivos, ya que el Banco de España obligó a la entidad a  provisionar 28 millones de euros por los cambios en los contratos.

Defiende la legalidad de las retribuciones

Fernández Gayoso ha defendido la legalidad de las retribuciones  asignadas a los anteriores ejecutivos amparándose en que era  Caixagalicia la caja que peores resultados registraba. 

Además, el excopresidente de la entidad defendió la buena marcha de Caixanova,  entidad que había dirigido, y justificó que la necesidad de recibir  ayudas públicas se debió al cambio en el marco normativo que exigió  fuertes provisiones para elevar la solvencia del NCG.

Tal y como declaró ante el Congreso de los Diputados, Fernández  Gayoso ha recalcado en que no tenía funciones ejecutivas en NCG, aunque  perteneció a la Comisión Ejecutiva e informó favorablemente al consejo  de administración sobre las modificaciones en los contratos, que  previamente había revisado como presidente del Comité de Remuneración.

Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada, que procedían de Caixanova y que se han negado a devolver las cantidades reclamadas por Anticorrupción, tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional cada 15 días como medida cautelar, que el juez Ismael Moreno también ha impuesto a Fernández Gayoso.

Respecto a su presunta cooperación con los exdirectivos, el excopresidente insistió en que de él no partió la iniciativa de modificación de los contratos ni se reunió previamente con ellos para tratar esos cambios.

Querella de Anticorrupción

El titular del Juzgado Central de Instruccion número 2 admitió el  pasado junio la querella de Anticorrupción contra cinco exdirectivos  de Novacaixagalicia al entender que todos ellos actuaron "con abuso  de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la  dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad  crediticia".

Anticorrupción imputa a los altos directivos de la entidad la  comisión de delitos de administración desleal y, alternativamente, la  apropiación indebida y reclama a cuatro exejecutivos la devolución de  7,8 millones de euros en concepto de indemnizaciones.