El déficit público de Portugal se situó en los seis primeros meses del año en el 6,8% del PIB, 1,8 puntos por encima de la meta acordada con la troika para todo 2012. Los datos sobre las cuentas públicas divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso reflejan una caída insuficiente respecto a sus estimaciones iniciales.
Portugal debía en un principio rebajar su déficit este año hasta el 4,5% del PIB, aunque la troika -formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional- aceptó suavizar este mismo mes sus objetivos para 2012 (ahora del 5%) y 2013 (que pasa del 3 al 4,5%).
Detrás de los problemas del país para cortar su déficit hasta los niveles comprometidos con las instituciones internacionales a cambio del rescate financiero se encuentra el desplome sufrido por los ingresos estatales debido a la caída en la recaudación fiscal, mucho mayor de lo esperado.
Entre enero y agosto, los ingresos vía impuestos indirectos se contrajeron un 5% respecto al mismo período de 2011, los recibidos de impuestos directos -como el IVA- subieron un 2,1% y las contribuciones a la Seguridad Social bajaron un 6% influidos por el aumento del desempleo, que supera ya el 15%.
La recaudación fiscal se ha visto directamente afectada por el deterioro del consumo en el país, que atraviesa la peor crisis de las últimas décadas y que este año prevé que su PIB retroceda más de un 3%.
Las draconianas medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno luso, de signo conservador, han permitido cortar en cerca de un punto su déficit público respecto al cierre de 2011, pero todavía se encuentra lejos del objetivo marcado para el actual ejercicio, lo que previsiblemente le obligará a adoptar ajustes adicionales.
El pasado 7 de septiembre, el primer ministro luso anunciaba nuevas medidas de austeridad, entre las que se encuentra una mayor cotización de los trabajadores a la Seguridad Social, que pasa del 11% al 18%, que en el caso de las empresas se verá reducida del 23,75% al 18%.
Dos semanas después, el Gobierno de Passos Coelho, tras dos semanas sometido a una intensa presión social, tuvo que dar marcha atrás a esta propuesta.
Entonces el primer ministro admitió "estar disponible para, en el marco de la concertación social, estudiar alternativas" a esta medida, fuertemente criticada por patronal, sindicatos, oposición y grupos civiles.
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