MARÍA MENÉNDEZ - MADRID La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que los cargos públicos que falseen las cuentas públicas y oculten datos contables causando un perjuicio económico a la Administración tendrán una pena de cárcel de entre uno y cuatro años, además de una inhabilitación de entre tres y diez años.
Así lo ha dicho la número dos del Gobierno en la conferencia de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado definitivamente el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que regula las infracciones de los cargos públicos en materia de gestión económica y presupuestaria, y que ahora se remitirá a las Cortes.
Sáenz de Santamaría ha explicado que se ha endurecido el castigo para los cargos públicos que tengan estos comportamientos después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos.
Esta ley regula el derecho de acceso a la información de las instituciones públicas y establece un "código de buen gobierno" que deberán respetar todos los cargos de todas las administraciones, con un régimen de infracciones y sanciones para quienes lo incumplan.
Así, tal y como ha anunciado la vicepresidenta, se introducirá un nuevo delito en el Código Penal con dos tipos, normal y agravado, para los cargos o funcionarios que falseen contabilidad, documentos o información que falseen cuentas públicas y se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo y cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se causa perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que se contempla además la pena de prisión de uno a cuatro años.
También se contemplará como causa de inelegibilidad electoral el haber sido sancionado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Transparencia.
"España merece cargos públicos que gestionen bien", ha dicho la vicepresidenta en defensa de esta nueva ley.
Por otra parte, las administraciones deberán tener disponible para el ciudadano, en el marco de esta nueva ley y en el plazo de un mes, los datos sobre contratos públicos, convenios, subvenciones, presupuestos y sueldos de cargos públicos. El único límite será la protección de datos personales y la seguridad nacional.
Para ello se creará el denominado "Portal de la Transparencia", a través del que el ciudadano podrá acceder a toda la información "a un golpe de clic".
También esta ley contempla fijar cada año en los Presupuestos Generales del Estado un baremo para los sueldos de alcaldes, concejales y presidentes de las diputaciones. Las retribuciones se ajustarán atendiendo al tipo de entidad local de que se trate y a criterios objetivos de población, circunstancias socio-económicas del entorno y otras de carácter administrativo.
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