"Tuve que dejar de trabajar para cuidar a mi hijo dependiente y ahora no sé cómo haré para vivir"

  • Muchos familiares de dependientes han dejado de trabajar para cuidarlos
  • El Gobierno ha reformado en varios puntos la Ley de Dependencia
  • El Estado dejará de pagar las cotizaciones de los cuidadores familiares
  • Unas 180.000 personas dejarán de cotizar por esta razón a la Seguridad Social
Mª CARMEN CRUZ MARTÍNMª CARMEN CRUZ MARTÍN 

“Mi mujer tuvo que dejar de trabajar para cuidar a mis dos hijos dependientes porque no pueden quedarse solos, necesitan ayuda para todo. Nadie, salvo un familiar, estaría todo el día con un dependiente por el dinero que se da", cuenta a RTVE.es José Luis Gómez, presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha y que tiene dos hijos dependientes de 16 y 9 años.

Sus hijos padecen la enfermedad degenerativa Tay-Sach y están valorados como grandes dependientes. Por la Ley de Dependencia hasta ahora perciben 520 euros al mes cada uno. "Con ese dinero, no nos podemos permitir pagar a un profesional. La mayoría de las familias no podrá contratar a nadie porque será imposible pagarlo”, añade.

Como la mujer de José Luis Gómez, muchos familiares de dependientes han tenido que dejar sus empleos para cuidar de los suyos. Hasta ahora podían seguir cotizando a la Seguridad Social por realizar este trabajo en un régimen especial, una cotización que hasta ahora pagaba el Estado y que les servía para completar peíodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación.

Pero el recientemente aprobado decreto de reforma de la Ley de Dependencia supondrá precisamente que el Estado deje de pagar esas cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. Esta medida afectará a cerca de 180.000 personas en España, de las que se calcula que el 94% son mujeres, según las plataformas y asociaciones en defensa de la ley de dependencia.

“Ahora les darán de baja en la Seguridad Social y con ello, perderán también su tarjeta sanitaria”, denuncia Alicia Resino, portavoz de la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón (Madrid). En este sentido, el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha asegura que “el que quiera seguir cotizando, se lo tendrá que pagar él mismo”.

La razón que argumenta el Gobierno para dejar de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social es que es para intentar que los dependientes tengan una atención más profesionalizada. “¿Pero quién va a trabajar las 24 horas del día por 520 euros al mes, que es lo que reciben los grandes dependientes?”, se pregunta José Luis Gómez.

La reforma de la ley de dependencia trae consigo muchos más cambios y ajustes. “Es el recorte más canalla y supone la derogación de la ley porque en la práctica recorta muchos derechos pues cambia unos 14 artículos”, denuncia el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Para las plataformas en defensa de la ley de dependencia, con la reforma de la ley “se criminaliza a los cuidadores familiares”, ya que el Gobierno considera que puede “haber fraude” en estas prestaciones.

Reducción del 15% de la prestación

También la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa bajará un 15% como mínimo. Esta medida, estiman, podría afectar a más de 400.000 personas.

Por ejemplo, los hijos de José Luis Gómez que hasta ahora recibían 520 euros al mes, con la reforma cobrarán al menos 75 euros menos por cada uno. “En mi casa, solo entra mi sueldo de profesor y no se trata solo de atenderles, también hay que comprar medicinas todos los días, comprar pañales, vigilar su alimentación… No sé cómo vamos a hacer a partir de ahora”, añade.

El presidente de la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha teme también que ese recorte sea mayor aún porque la reforma establece que también las comunidades pueden recortar aún más, hasta un 85% la prestación.

Además, a partir de ahora no solo se tendrá en cuenta la renta del dependiente para determinar la ayuda, sino que también se tendrá en cuenta su patrimonio.

Para el copago, aportarán al sistema quienes tengan rentas superiores al 100% del IPREM, fijado en 532 euros al mes. Quienes no lleguen a ese nivel, estarán exentos. La aportación se hará progresivamente hasta cubrir como máximo el 90% del precio del servicio que se reciba.

Asimismo se les exigirá a todos los cuidadores familiares que cumplan con unos conocimientos básicos para atender al dependiente, así como también convivir con él. “Van a tener que hacer cursos de preparación, como si ahora los familiares no supieran cuidar de sus dependientes”, señala Alicia Resino.

Ya no habrá compatibilidades entre las ayudas

Otro de los cambios es que la reforma también elimina las compatibilidades entre las ayudas. Por ejemplo, ya no es compatible acudir a un centro de día unas horas y recibir ayuda a domicilio o prestación para los cuidadores familiares.

Para la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón (Madrid), este cambio es uno de los más graves porque “ahora los dependientes tendrán que elegir. Muchos usuarios reciben ayuda para levantarse y prepararse para ir a un centro de día. Ahora con la reforma de la ley, ya no será posible tener las dos cosas. El familiar va a tener que estar pendiente las 24 horas del día”.

Precisamente esta situación es la que vive una de las afectadas, Palmira Castellano, que es también portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Valencia y con una hija gran dependiente a su cargo.

“Mi hija tiene una enfermedad congénita en el cerebro que le provoca crisis epilépticas. Cuando le detectaron la enfermedad dejé de trabajar para cuidarla. Tenía tres años y ahora tiene 24 años. Ahora que está en un centro de día, me quitan la ayuda como cuidadora que cobraba desde que se aprobó la Ley de Dependencia y en casa solo percibíamos esa ayuda y una pensión no contributiva por ella. ¿Cómo vamos a hacer para vivir?”, relata angustiada a RTVE.es.

Para Palmira Castellano, la reforma no hará que aumente el número de puestos de trabajos dedicados al cuidado de dependientes. “Los servicios profesionales son más caros. Siempre ha sido más barato el cuidado familiar. Y para colmo, no hay suficientes plazas en residencias ni se van a crear porque no hay dinero”, critica.

Precisamente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales estima que “se perderán al menos 25.000 empleos y no se generarán los 150.000 puestos de trabajo que estaban previstos” en la ley.

No se cobrarán atrasos hasta pasados dos años

Hasta ahora, las comunidades solo tenían que pagar los atrasos en las ayudas si tardaban más de seis meses en abonar la prestación desde que se solicitaba. A partir de ahora, el período sin generar retroactividad aumenta a dos años.

“Este aumento del plazo significará que muchas personas van a morir sin ser atendidas, sin servicios. El 54% de los dependientes son mayores de 80 años y su esperanza de vida no es de más de dos o tres años. Muchos dependientes morirán sin haber empezado a recibir ayuda alguna”, denuncia el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Este aumento del período supondrá un ahorro para las arcas de las comunidades. “En la Comunidad de Madrid se tarda de media en conseguir la ayuda unos 12-18 meses desde que se solicita. Se han dado cuenta que esos seis meses de retroactividad no era suficiente para atender las solicitudes. Al aumentar a dos años el plazo que tiene la Administración para resolver un expediente, ya no tendrán que pagar los atrasos”, critica Alicia Resino.

Se simplifican los grados de dependencia

Otro de los cambios que introduce el decreto de reforma es que se simplifican las valoraciones, al eliminar los niveles. A partir de ahora la clasificación queda en gran dependiente, dependiente severo y dependiente moderado.

Según la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón esta simplificación “supondrá la reducción de personas que puedan beneficiarse de la ley de dependencia. Además, tendrán que hacer de nuevo las valoraciones y seguro que lo harán a la baja”. Y es que temen que los baremos que se aplican para clasificar a los dependientes sean muchos duros y estrictos.

Asimismo los dependientes moderados no entrarán en el sistema hasta el año 2015. El Gobierno justifica que con esta medida se podrá atender a los grandes dependientes y moderados que tiene actualmente el sistema. Sin embargo, hay muchos usuarios que todavía están esperando la llegada de la ayuda.

María Dolores Porras tiene a su madre con demencia senil y un hermano con esquizofrenia. Ambos están declarados como dependientes moderados desde el año pasado, pero aún no han recibido ningún tipo de ayuda y desconocen si finalmente entrarán en el sistema este año o ya tendrán que esperar a 2015.

“No pedimos dinero, solo que vaya a casa de mi madre una persona para que ayude unas horas, pero llevamos ya más de seis meses esperando y no sabemos nada. Nos sentimos engañados”, se queja María Dolores Porras.

Ante todos estos cambios, las plataformas en defensa de la ley de dependencia ya han comenzado a movilizarse por toda España. Asimismo, más de un centenar de familias han anunciado su intención de recurrir ante la Audiencia de Madrid el decreto de reforma de la Ley de Dependencia porque consideran que “vulnera derechos básicos”.

También algunas comunidades se han mostrado también en contra de la reforma, como es el caso de Cataluña que recurrirá el decreto porque asegura que “invade competencias autonómicas” y porque considera que es una tomadura de pelo a los ciudadanos y a las comunidades autónomas.

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