El expresidentes de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, está dispuesto a renunciar a todos los bienes de que dispone en territorio suizo a favor del pueblo tunecino, según ha manifestado este lunes su abogado mediante un comunicado.

"Por favor, les pido que tengan en cuenta que mi cliente renuncia, en favor del Estado tunecino, a todos los bienes y recursos económicos que se encuentren en territorio suizo que pertenecieran al ex presidente Zine el Abidine Ben Ali", ha manifestado el letrado en el documento dirigido al ministerio suizo de Exteriores, según informa Afp.

El abogado especifica que el expresidente tunecino tiene la intención de ponerse en contacto con el Ministerio Suizo de Asuntos Exteriores, el Sr. Azour, a quien se dirige directamente en su carta. "Usted está por lo tanto, irrevocablemente autorizado a transferir esos activos y los recursos llamados el Estado tunecino, sin la necesidad de seguir ninguna formalidad legal y las ejecuciones extrajudiciales y sin siquiera referirse a mi cliente", establece.

A finales de junio, una delegación de expertos tunecinos se reunieron en Berna y Lausana con funcionarios suizos que se encargaban de la restitución de los bienes que se encuentran en este país europeo. Para las autoridades suizas, "el objetivo de esta colaboración era conseguir lo más rápido posible la devolución de los bienes obetenidos de manera ilícita por el entorno del ex presiente Ben Ali".

El pasado octubre, Berna bloqueó unos fondos por un valor de 60 millones de francos suizos (48,7 millones de euros) de activos tunecinos.

Condena en ausencia

El pasado junio, un tribunal militar condenó en ausencia a cadena perpetua al depuesto presidente tunecino que se encuentra exiliado en Arabia Saudí desde enero de 2011, por su implicación en la violenta represión del levantamiento popular en la ciudades de Thala y Kaserin.

Ben Ali, nacido en 1936, ya acumulaba penas de cárcel por un total de 66 años, la última fue impuesta este miércoles por el tribunal militar de la capital que decidió aplicarle una pena de 20 años de prisión por "incitación al desorden, muertes y pillajes en territorio nacional".