La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha dejado en libertad bajo fianza de 250.000 euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, en una decisión similar de la Audiencia respecto al ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

Guerrero permanecía encarcelado desde el 9 de marzo pasado y este jueves la juez Mercedes Alaya ha decidido de oficio dejarlo libre bajo fianza de 250.000 euros, horas después de que la Audiencia de Sevilla acordase la libertad bajo fianza de 450.000 euros de Antonio Fernández, ex consejero de Empleo de la Junta preso desde mayo.

Francisco Javier Guerrero fue encarcelado el 9 de marzo mediante un auto en el que la juez le imputó haber otorgado ayudas sociolaborales y subvenciones directas a empresas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".

La juez le imputó sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

El abogado dice que tardará en reunir la suma

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha dicho a los periodistas que la cantidad de 250.000 euros es acorde con lo fijado para Fernández dada la diferente capacidad económica de cada uno aunque elevada para la situación personal de su cliente, por lo que duda que la familia pueda reunir esa cantidad al menos en 15 o 20 días.

Por su parte, la familia y amigos de Fernández esperan reunir los 450.000 euros para mañana y conseguir entonces la salida del exconsejero de la cárcel de Morón de la Fontera (Sevilla), según ha anunciado su abogado a los periodistas.

Libre por "principio de equidad"

La juez Alaya, en el auto, dice que la libertad de Guerrero responde a "un elemental principio de equidad y equilibrio entre las partes presuntamente responsables de los hechos que se investigan", y también porque el imputado "lleva privado de libertad varios meses".

Ello pese a que "existen sólidos indicios de su participación en los hechos especialmente graves que se le imputaron en su día", incluso "con mayor consistencia por la profundización en la investigación de la presente causa" aunque Guerrero diese en su declaración judicial numerosos datos sobre "el funcionamiento de la presunta trama organizada en torno a las subvenciones".

La medida de prisión, que era "necesaria" cuando se adoptó, no debe mantenerse "sine die" pues los riesgos de fuga o destrucción de pruebas "disminuyen por el avance de la investigación", según la juez.

Junto a la fianza, Alaya impone a Guerrero la obligación de presentarse en un juzgado todos los lunes y la prohibición de salir de España.