El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha archivado provisionalmente la denuncia contra la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y el jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, por los incidentes ocurridos durante las protestas estudiantiles del pasado mes de febrero.

La denuncia fue presentada el pasado 8 de junio por 23 personas en representación de asociaciones de estudiantes y organizaciones sociales que responsabilizaron a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y al jefe de Policía de impedir su derecho a la manifestación y de permitir la coacción de los agentes.

El auto de sobreseimiento, dictado el pasado 13 de junio y al que ha tenido acceso Efe, subraya que la mayoría de las concentraciones y protestas se llevaron a cabo sin la preceptiva autorización administrativa, por lo que su disolución no fue constitutiva de delito.

Asimismo, al tratarse de manifestaciones sin autorización, los agentes de Policía estaban facultados para practicar identificaciones y detenciones, según agrega.

La Asamblea de El Micalet, colectivo al que pertenecen los 23 denunciantes, considera que el archivo provisional se ha decretado con una "inusitada rapidez" y sin "investigar los hechos", por lo que presentará un recurso contra esta resolución.