La Audiencia de Sevilla deja libre bajo fianza de 150.000 euros al chófer del caso de los ERE

  • El chófer de Guerrero, también encarcelado, está preso desde marzo
  • Deberá comparecer en el Juzgado y le será retirado el pasaporte
  • Cree que están "minimizados" el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas
  • De forma inédita en un auto (.pdf), la Audiencia "sale al paso" de una noticia
LAURA G. TORRES 

La Audiencia de Sevilla ha decretado este jueves la libertad bajo fianza de 150.000 euros para Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, que también está encarcelado por el caso de los presuntos ERE fraudulentos.

Trujillo, que está en prisión provisional desde marzo, deberá comparecer dos veces por semana en el Juzgado y le será retirado el pasaporte cuando abone la fianza y salga de la cárcel, según el auto (.pdf) al que ha tenido acceso RTVE.es.

La Fiscalía Anticorrupción y los abogados de la acusación particular que ejercen el PP y los sindicatos UGT y Manos Limpias se habían opuesto a la que el imputado quedara en libertad

El exchófer, que declaró ante la juez del caso, Mercedes Alaya, que gastó 25.000 euros mensuales de las ayudas oficiales en comprar cocaína para su jefe, está acusado de falsedad, malversación, cohecho y tráfico de influencias, entre un total de 22 delitos, por haber recibido presuntamente 1,3 millones de euros en ayudas de la Junta para tres empresas ficticias de su propiedad.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla considera en su fallo, que estima parcialmente el recurso de la defensa, que "han quedado minimizados" el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas que alegó la juez instructora para denegar la libertad bajo fianza a Trujillo.

El tribunal sostiene que el exchófer "cuenta con arraigo familiar", al tener esposa y dos hijos de 13 y 20 años y porque vivía "enclaustrado" en su domicilio, a la vez que destaca que siempre ha comparecido a los "múltiples llamamientos judiciales" y su "actitud colaboradora" tanto con la Polilcía como con los juzgados "aportando multitud de datos e información que, en la práctica, están facilitando el esclarecimiento de los hechos".

Los magistrados también creen "relativizado" el riesgo de destrucción de pruebas y "cuestionable" la capacidad de Trujillo para ocultarlas, alterarlas o destruirlas. En este sentido, recuerdan que las primeras causas penales se remontan a 2010, hace más de dos años, "tiempo suficiente para hacer desaparecer los documentos relativos a sus actividades y empresas, si ése hubiese sido su propósito".

La Audiencia de Sevilla también rechaza la "prescripción" de los delitos alegada por el abogado defensor.

"Salida al paso" inédita

Además, de forma inédita en un auto judicial, el tribunal "sale al paso de alguna noticia de prensa" después de que el abogado defensor presentara una queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por "retraso ilegal" en la tramitación del recurso, que la Sección Séptima de la Audiencia sevillana rechaza tajantemente.

El tribunal, integrado por Javier González Fernández, Juan Romeo Laguna y Enrique García López-Corchado -ponente y que sustituye a la magistrada titular Elosía Gutiérrez por "enfermedad"-, reconoce que "no es habitual" realizar esas manifestaciones en una resolución judicial, pero se quejan de que "sí viene siendo habitual" que se utilice a los medios de comunicación por las partes "como un instrumento para favorecer los propios intereses" o como "presión" a los tribunales. 

Los magistrados dicen que han "decidido hablar" porque este es el primero "de un numeroso grupo de recursos que se avecinan" y es "coveniente dejar sentado desde el principio determinadas cuestiones en beneficio de la opinión pública".

La Audiencia subraya que "no ha existido" el "retraso ilegal" denunciado y que el recurso se ha resuelto dentro de plazo y apuntan que "solo desde un inexplicable desconocimiento" de la forma de actuación de los tribunales "se puede llevar a considerar susceptible de queja gubernativa por defectuosa actuación de un tribunal la designación como ponente de una causa a un magistrado suplente". Añade que esa queja supone "un desprecio objetivo" al magistrado designado y también a los otros dos miembros del tribunal "por cuanto parece darse a entender (...) que nos hemos desentendido , nos desentendemos  nos desentenderemos del asunto".

Se trata de la primera vez que la Audiencia se pronuncia sobre una de las tres personas que permanecen encarceladas por el caso de los ERE, además de Trujillo y Guerrero, también está en prisión el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

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