El Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo de la Generalitat, ha dictaminado que el real decreto ley sobre ajustes en el ámbito de la educación, impulsado por el Gobierno español, contiene artículos inconstitucionales y que vulneran competencias del gobierno catalán.

El dictamen llega tan solo una semana después de que el propio Consejo de Garantías Estatutarias considerase que varios preceptos del real decreto ley de medidas urgentes sobre sanidad también son contrarios a la Constitución e invaden competencias catalanas.

Según el Consejo de Garantías Estatutarias, en el real decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, sobre el que el Govern pidió dictamen, hay dos artículos que vulneran la Constitución y otros cuatro que no respetan las competencias de la Generalitat.

De entrada, el Consejo estima que la fórmula del real decreto ley en este caso es contraria al artículo 86.1 de la Constitución, porque no se cumple el requisito de la "urgencia".

Además, en su opinión, el artículo 7 de este real decreto ley sobre educación, relativo a la financiación de becas y ayudas universitarias, no se ajusta al artículo 156.1 de la Constitución, que establece que "las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias".

Obligación de cofinanciación

El Consejo argumenta que el decreto "impone una obligación de cofinanciación por parte de la Generalitat de las becas destinadas al componente de matrícula en el caso de que ésta fije el precio público de la enseñanza por encima del límite inferior que financia el Estado", por lo que hay "vulneración de la autonomía financiera en la vertiente del gasto" que marca la Constitución.

Además, ese mismo artículo del decreto violaría el artículo 211 del Estatut, que se refiere a la "competencia exclusiva" de la Generalitat para ordenar y regular sus finanzas.

El órgano consultivo catalán también detecta invasión competencial en el artículo 6 del real decreto ley sobre la regulación del régimen del profesorado docente, así como la regulación de los requisitos para la creación de centros universitarios.

Asimismo, el dictamen señala que el artículo 3 del decreto vulnera las competencias de la Generalitat relativas a la política de personal al servicio de la administración educativa, mientras que el artículo 4 invade competencias en directrices de actuación en materia de recursos humanos.

Precisamente, la consellera de Educación, Irene Rigau, había denunciado que los recortes anunciados por el ministro José Ignacio Wert invadían competencias del gobierno catalán, por ejemplo, en el horario lectivo del profesorado y la organización de sustituciones.

La consellera diferenció, sin embargo, esa invasión competencial de otras medidas, como el incremento del 20 % en la ratio de alumnos por aula, el aplazamiento de los módulos de FP de 2.000 horas al curso 2014-2015 o la eliminación de la obligación de impartir dos modalidades de Bachillerato en cada centro.