El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado por holgada mayoría una recomendación a los Veintisiete para que hagan pagar a la banca por la especulación que llevó a la crisis de 2008 e introduzcan un impuesto sobre las transacciones financieras.

Los eurodiputados se mostraron a favor de la introducción de una tasa que grave el máximo de operaciones posibles, más allá de lo propuesto hasta ahora por la Comisión Europea (CE). Consideran que la medida debe introducirse aun si no hay quórum en los 27 y quedan fuera los países más reticentes, liderados por el Reino Unido, como Chipre, Malta o Suecia.

La resolución para la introducción de la tasa, cuya ponente fue la socialdemócrata griega Anni Podimata, obtuvo 487 votos a favor, 152 en contra y 46 abstenciones.

Se estima que el gravamen sobre las operaciones financieras llevaría a recaudar 60.000 millones de euros a la Unión Europea, que podría ser más independiente de las aportaciones de los países (España se ahorraría 4.741 millones de euros, aproximadamente la mitad de los fondos que cede), según los cálculos publicados en marzo por la CE.

Bruselas y el propio PE se han mostrado desde hace más de un año como los abanderados de esta tasa, que volverán a discutir el 22 de junio los ministros de Asuntos Económicos y Financieros después de que en el último Ecofin la falta de avances llevara a concluir que convenía seguir trabajando en la propuesta, así como en otras alternativas.

Críticas del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) critica abiertamente la tasa y su presidente, Mario Draghi, ha subrayado los efectos negativos que podría conllevar la introducción del gravamen en cuanto a las inversiones extranjeras en Europa, la política monetaria y la volatilidad y especulación en los mercados.

En el texto aprobado por los eurodiputados se incluye la petición de reformular la iniciativa para dificultar la evasión y asegurar que el impuesto se aplica a un mayor número de transacciones e inversores. Propone que sea el "principio de emisión" el que rija la aplicación del impuesto, de forma que las instituciones financieras con sede fuera de la zona de aplicación de la tasa se verían obligadas a abonarla si operan con valores emitidos en esta zona.

Además, el texto del PE pide mantener el "principio de residencia", que ya prevé también la propuesta de la CE y que obliga a imponer la tasa a las acciones emitidas fuera de la zona de aplicación, pero que hayan sido compradas o vendidas por una institución con sede en los países donde se aplica el impuesto.

Los eurodiputados apuestan porque los fondos de pensiones sean los únicos agentes del mercado que no estén obligados a pagar la tasa (una excepción que no comparte la CE).

Un 0,1% para acciones y bonos

Aunque muchos grupos de izquierda pedían un tipo impositivo mayor, finalmente la Eurocámara accedió al nivel propuesto por la CE (0,1% para acciones y bonos, 0,01% para derivados).

En el debate previo al voto, socialdemócratas (S&D), liberales (ALDE), ecologistas (Verdes/ALE) y la izquierda unitaria (GUE/NGL) señalaron que esta tasa ayudaría a "distribuir mejor el peso de la crisis", tal y como señaló Podimata.

Los diputados británicos, por su parte, advirtieron acerca de los peligros de deslocalizaciones de servicios financieros y sobre la ineficacia de que el impuesto se aplique en la UE pero no en Estados Unidos y el resto del G20.

"No tiene sentido este impuesto. No lo vamos a permitir en Reino Unido. Es como si se gravase a los coches de lujo en Alemania, a los muebles en Suecia o a las vacaciones en España", afirmó el británico Godfrey Bloom, de los conservadores y reformistas (ECR).

La CE, que expresó su satisfacción por el voto, señaló que la tasa a las finanzas es una "cuestión de justicia". "Los bancos y las entidades financieras han recibido -y siguen recibiendo- un apoyo masivo del sector público para superar la crisis. No es irracional esperar que contribuyan, como otros sectores, a nuestra recuperación colectiva", señaló.