El juez suspende la declaración de Torres y se queja de su falta de seriedad

• Accede a la petición de Diego Torres amparándose en la presión de los medios

El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha accedido a la suspensión de la declaración de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, prevista para el día 22 de mayo y se ha quejado de su falta de seriedad, han informado fuentes jurídicas.

El abogado había pedido al juez la suspensión de su declaración, prevista para el 22 de mayo, amparándose en la supuesta presión mediática que sufre estos días y el magistrado ha accedido esta mañana a su petición en un escrito, en el que critica su cambio de postura, ya que fue él el que pidió hace unos meses declarar de forma voluntaria.

El declaración de Torres había levantado una gran expectación ya que se trata, junto a Iñaki Urdangarin, del principal imputado en la investigación sobre el supuesto desvío de dinero público al Instituto Nóos.

Torres ya compareció por primera vez en julio de 2011

Torres compareció por primera vez ante el juez Castro el 11 de julio del pasado año, cuando defendió la legalidad de los dos convenios firmados por Nóos con el Govern balear en 2005 y 2006 por 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo.

El juez lo citó de nuevo el pasado 11 de febrero, pero el exsocio del duque de Palma se acogió entonces a su derecho constitucional a no declarar, si bien advirtió que podría comparecer más tarde de forma voluntaria, cosa que reclamó después de la comparecencia de Urdangarin.

El fin de semana del 25 y 26 de febrero compareció como imputado el duque de Palma, quien señaló a Torres como responsable de las cuestiones contables de Nóos, ya que afirmó que su función era únicamente llevar las "relaciones institucionales a gran nivel".

Urdangarín le apuntó como responsable de Nóos

Urdangarin no ha sido el único en apuntar a Torres como responsable de Nóos y otras empresas vinculadas al duque y su exsocio, sino que también dos exempleados de empresas propiedad de ambos declararon al juez que era quien tomaba las decisiones de gestión de las sociedades investigadas por un posible desvío de dinero público.

El pasado 25 de marzo, su abogado, Manuel González Peeters, amenazó en un escrito con volver a acogerse a su derecho a no declarar ante el juez el día 22 de mayo si no se le entregaban las grabaciones de vídeo de las comparecencias de los implicados en la pieza relativa a Nóos.

Sin embargo, fue el propio Torres quien primero reclamó que las declaraciones se grabaran, a lo que el juez accedió en su caso y, tras la declaración de Urdangarin, extendió a todas las declaraciones complejas.

El pasado 1 de mayo trascendió que los abogados de Urdangarin y Torres pidieron a la Fiscalía Anticorrupción de manera informal mantener conversaciones para intentar alcanzar un posible acuerdo de conformidad que les exima de ir a prisión, si bien el fiscal Pedro Horrach suspendió las reuniones previstas con los letrados debido al eco mediático suscitado por el tema.

En los últimos días se han publicado asimismo informaciones afirmando que Torres asegura poseer unos 200 correos electrónicos que vincularían a miembros de la Casa Real con las actividades de Nóos -ya presentó algunos al juzgado en los que se mencionaba al rey y a la infanta Cristina-, así como que pidió 10 millones de euros a Urdangarin por no publicarlos, dos extremos que su abogado ha negado en sendos escritos remitidos al juez.

La Fiscalía indaga en esta pieza del Palma Arena varios delitos de corrupción y centra sus investigaciones en los contratos públicos por valor de 5,8 millones de euros que recibió Nóos -instituto que fue presidido por Urdangarin y Torres- entre 2004 y 2007 de los gobiernos balear y valenciano por organizar eventos relacionados con el deporte.