El Gobierno estudia este viernes la liberalización de infraestructuras y transportes

  • También aprobará la reforma de la política de agua y la gestión de residuos
  • Dará luz verde al Plan de Publicidad Institucional 2012
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RTVE.es / AGENCIAS 

El Consejo de Ministros tiene previsto estudiar este viernes la liberalización de servicios en el área de las infraestructuras y el transporte con el objetivo de lograr una gestión más económica y eficiente.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el pasado lunes que la intención es avanzar en la modernización de los servicios y lograr que sean "mucho más económicos para los ciudadanos".

Desde el Ejecutivo no han ofrecido más detalles de este programa. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha descartado este jueves que el Gobierno haya abordado cobrar peajes en las autovías y ha recordado además que próximamente, aunque no en este Consejo de Ministros, se aprobará un "plan de privatizaciones".

Al margen de este proyecto, según fuentes del Ejecutivo a las que cita Efe, también darán luz verde a un conjunto de "medidas urgentes" en materia de medio ambiente que afectarán a la política de aguas, la gestión de residuos, la protección de espacios naturales y al Parque Nacional de Tablas de Daimiel.

En la agenda del Consejo se ha incluido asimismo la aprobación del Plan de publicidad institucional 2012, un programa que, según las fuentes consultadas, reflejará la política de austeridad emprendida por el gabinete, con un recorte superior a los 44 millones de euros.

De este modo, como mínimo, la partida dedicada este año por el Gobierno a publicidad y comunicación institucional será inferior a los 180 millones, ya que en el pasado ejercicio el Ejecutivo destinó a este fin 222,4 millones de euros, lo que ya supuso un recorte del 19,7% respecto a 2010.

Ley de residuos

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, explicó el mes pasado que el Gobierno quiere reformar mediante un real decreto cuatro de las leyes más relevantes en materia de medioambiente.

El objetivo en materia de agua, apuntó, es "reforzar las competencias del Estado en esta materia" y mejorar la coordinación entre las Confederaciones Hidrográficas.
Entre otras cuestiones, Arias Cañete apostó también por revisar el Plan Especial del Alto Guadiana con nuevas fórmulas para la cesión de derechos -de agua- entre particulares para reducir las extracciones del acuífero del Alto Guadiana, donde se encuentran el Parque Nacional de Tablas de Daimiel o el humedal de Los Ojos del Guadiana y evitar la sobreexplotación.

En un documento reciente remitido por España a la Comisión Europea, el Ejecutivo explica que la reforma de la Ley de Aguas se realizará para "contribuir a una gestión más eficaz y coordinada".

Además, entre las medidas que contempla la reforma, se incluiría un plan para incentivar, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. Finalmente, propone reforzar la potestad sancionadora en materia de aguas.

Gestionar disponibilidades de agua

En este sentido, la reforma normativa plantearía una gestión que preserve el "principio fundamental de unidad de gestión de cuenca" y permita "reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como contar con una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación".

En este sentido, las modificaciones propondrían la inclusión de figuras de proyección y mecanismos administrativos de actuación ante situaciones atmosféricas desfavorables, como las sequías que, en su opinión, "han de redundar en una mejora del estado tanto cuantitativo como químico de las aguas subterráneas y de los sistemas terrestres asociados".

Además, el documento asegura que se llevará a cabo una simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que, por su propia complejidad, resultan ineficaces e imponen demoras para los ciudadanos y dificultades para las Administraciones Públicas.

En cuanto a la Ley de Residuos, según distintas fuentes del sector, el Gobierno estaría planteando la supresión de algunas figuras que contempla la ley aprobada a finales de julio de 2011 como la que abría la puerta al Sistema de Depósito y Devolución de Residuos (SDDR), que funciona en otros países del norte de Europa y a la que se oponen otros sistemas integrados de gestión, como Ecoembes o Ecovidrio.

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