La Cámara de Diputados mexicana ha aprobado por unanimidad la Ley General de Víctimas, que obliga al Estado a proteger, dar asistencia y reparar el daño a las personas que sufran ataques de la delincuencia o abusos por parte de las autoridades.

La iniciativa, reclamada por agrupaciones de víctimas de la violencia, será enviada al Ejecutivo tras obtener el respaldo de los 369 diputados que asistieron a la última sesión del actual periodo legislativo, de un total de 500 que forman la Cámara baja.

El proyecto de ley, aprobado la semana pasada por el Senado, obliga a los tres niveles de Gobierno a garantizar la asistencia jurídica, médica y económica a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

También obliga a reconocer y garantizar su derecho a la verdad y la justicia, así como a un reparación integral de los daños causados, incluida una compensación de hasta 500 veces el salario mínimo (unos 4,6 dólares por día), y la restitución de sus derechos violados.

La iniciativa prevé la creación de un fondo permanente de ayuda y asistencia, así como de un registro nacional de víctimas, y tiempo que establece sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.