Soria: "La prioridad es mantener buenas relaciones con Argentina", pero se defenderá a Repsol

  • El ministro asegura que se quiere profundizar en las relaciones con Buenos Aires
  • "Si Argentina no quiere, sus decisiones deberán cumplir la legalidad", ha dicho
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RTVE.es 

La prioridad del Gobierno de España "era y es" mantener "buenas relaciones" con el Ejecutivo argentino, según ha asegurado este martes el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención a petición propia ante la Comisión de Industria del Congreso, Soria ha explicado que ese objetivo no va a impedir "defender los intereses de los españoles en el mundo, y una empresa como Repsol es una persona jurídica que, además incluye a pequeños accionistas que ahora se han visto perjudicados" por la caída de la cotización de la petrolera española, "provocada por la actuación del Gobierno argentino que ha culminado con la expropiación".

Soria ha detallado la actuación del Ejecutivo español desde el comienzo del conflicto entre Repsol y el Gobierno de Cristina Fernández, hace cinco meses.

España quiere "profundizar en la relación bilateral"

Así, ha explicado que -en su reunión con las autoridades argentinas en Buenos Aires el pasado 28 de febrero-, propuso "profundizar en relación bilateral países para hallar nuevos campos de colaboración en sectores como telecomunicaciones, energía, servicios..." y manifestó "que cualquier tipo de diferencia entre ambos podría ser solventada sobre el diálogo y la colaboración".

En ese contexto, el ministro ha señalado que "Repsol quería seguir, y quiere seguir, en Argentina. No era su voluntad salir de Argentina". Pero ha advertido que "también quería saber si era valorada y querida en Argentina", porque si el Gobierno de Buenos Aires  "pensaba otra cosa", la empresa y el Ejecutivo español deseaban que ese conflicto pudiera resolverse "como se debe hacer entre naciones amigas".

"España quiere ampliar sus relaciones comerciales y económicas con Argentina, pero si no fuera el caso debido a ese deseo de Argentina, cualquier decisión de su Gobierno debía abordarse sobre la base de la amistad y el cumplimiento de la legalidad", ha indicado Soria.

Sin embargo, el Ejecutivo de Cristina Fernández optó por nacionalizar YPF, algo que "el Gobierno español condena y rechaza categóricamente", porque se ha hecho violando la ley de privatización de la petrolera y los acuerdos de protección recíproca de inversiones firmado entre España y Argentina, y entre ese país latinoamericano y la Unión Europea.

En respuesta a esa actuación, España ha suspendido "el trato de preferencia a las importaciones de biodiésel de Argentina", ha recordado el ministro. "Esas Importaciones comportan la mitad del conjunto de todas las exportaciones argentinas hacia España. Esa orden ministerial ha suspendido la presencia del biodiésel argentino, no cortándolo, sino exigiendo que cumpla las directivas europeas", ha añadido.

Una decisión "gravemente discriminatoria"

Soria ha reconocido el derecho de Argentina a señalar como estratégico el sector energético y actuar en consecuencia, recuperando el control sobre empresas como YPF. Pero ha destacado que "sólo se ha expropiado a YPF", no al resto de petroleras presentes en el país, y "sólo se ha hecho sobre la participación de Repsol". Además, ha recordado, no se quiere pagar "el justo precio" por lo expropiado, y eso viola la legalidad.

La decisión de Argentina es "gravemente discriminatoria", ha concluido, y ha exigido a Argentina que cumpla con las obligaciones legales.

Además, el ministro ha acusado a las autoridades argentinas de haber desplegado una estrategia "deliberada" para propiciar la caída en Bolsa de las acciones de YPF -que en los últimos meses han perdido el 60% de su valor- para facilitar su expropiación.

Por eso, Soria ha insistido en que el Gobierno va a acudir a "todos los foros internacionales políticos y económicos" para exigir que se compense "justamente" a Repsol.

Además, el ministro ha explicado que, como parte de la hoja de ruta que va a seguir el Gobierno y aparte de la limitación a las importaciones de biodiésel procedentes de Argentina, el Gobierno ha realizado gestiones para que "desde Mercosur no se le dé una relación de preferencia a Argentina".

En este sentido, ha agradecido el apoyo que desde la Unión Europea se ha mostrado a España. "Más allá del efecto a muy corto plazo, esto afectará a la credibilidad de Argentina, que es un país que necesita flujo de capital extranjero", ha considerado Soria, quien asegura que el "marco jurídico, la credibilidad y la seguridad jurídica" son tres cuestiones "mucho más débiles" en Argentina tras la decisión adoptada por su Gobierno respecto a YPF.

Argentina sufrirá "durante mucho tiempo" las consecuencias

Precisamente, este martes el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, ha reiterado a Argentina que sufrirá durante "mucho tiempo" las consecuencias de la expropiación del 51% de YPF y ha asegurado que la UE "hará todo lo que está en su poder" para ayudar a España a que Repsol reciba una "compensación plena".

En una conferencia en Bruselas sobre las relaciones comerciales entre la UE y América Latina y el Caribe, De Gucht ha destacado que "este es, exactamente, el tipo de medidas que tiene que evitarse" y ha agregado que las empresas sólo toman decisiones "caras, serias y a largo plazo" de invertir en un país "cuando están seguros de que su inversión está asegurada".

Para De Gucht, con la decisión de tomar el control de YPF, "Argentina ha creado un terremoto en la comunidad empresarial internacional. Las consecuencias para su propio desarrollo económico se sentirán durante mucho tiempo".

"Europa también se la juega en este asunto, ya que es una de nuestras compañías la que ha sido atacada", ha aseverado. "Puedo garantizar que haremos todo lo que esté en nuestro poder para apoyar al Gobierno español en la búsqueda de una compensación plena por la compañía en cuestión", ha concluido.

Pese al aumento de la presión, el Gobierno argentino se mantiene inflexible y ha quitado hierro a las medidas de represalia adoptadas por España y a las que pueda adoptar la UE.

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