El Gobierno modifica la ley de extranjería y endurece los requisitos para tener tarjeta sanitaria

  • El Consejo de Ministros da luz verde a la reforma sanitaria
  • Los extranjeros deben tener residencia fiscal y tributar
  • La reforma incluye el copago de los medicamentos en función de la renta
Programas para todos los públicos
MARÍA MENÉNDEZMARÍA MENÉNDEZ - MADRID 

El Gobierno modificará la ley de extranjería para evitar que los ciudadanos extranjeros obtengan la tarjeta sanitaria solo por el hecho de empadronarse en España, de tal forma que se establecerán una serie de requisitos, como tener residencia fiscal (vivir sesis meses y un día) y pagar impuestos en España, para tener derecho al sistema nacional de salud.

Es una de las medidas de la reforma sanitaria que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros a través de un Real Decreto que permitirá un ahorro de más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario.

La ministra de Sanidad la ha calificado la reforma como "imprescindible" para garantizar la "sostenibilidad" y "universalidad" de la sanidad pública y, al mismo tiempo, "poner fin a los abusos en sus prestaciones".

Mato ha explicado que se quiere evitar también que un ciudadano extranjero incluya como beneficiarios a familiares que no viven en España y que hacen uso de los servicios sanitarios.

La reforma incluye también el control del denominado "turismo sanitario" y "fraudulento", mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.

Todas estas medidas, ha apuntado la ministra, conllevarán un ahorro de más de 1.000 millones de euros si se controlan los abusos de los pacientes europeos y de otros 500 si se evita que "los inmigrantes traigan a sus familiares sin derecho a utilizar la Sanidad".

"Las medidas son difíciles para los ciudadanos y exigen sacrificios"

Otras de las medidas aprobadas en el Real Decreto es el "copago" de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos. Se incluye a los pensionistas que pagarán el 10 % del precio de las medicinas con un tope de entre 8 (los que no tengan que hacer declaración de la renta) y 18 euros (los que tengan que declarar), y del que estarán exentos los titulares de pensiones no contributivas y los parados sin prestación.

"Sabemos que esta reforma es difícil para los ciudadanos y que exige sacrificios pero éstos serán equitativos y justos", ha señalado la ministra, quien ha añadido que el objetivo del Gobierno es conseguir un modelo sanitario "más eficaz y eficiente" asegurando su gratuidad y universalidad.

También la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha admitido que las medidas estructurales aprobadas respecto a Sanidad y Educación son "difíciles", en "un momento difícil", pero este esfuerzo es "imprescindible" para mantener el Estado del Bienestar. Mato ha cifrado en 16.000 millones de euros el déficit de la sanidad en España.

Pago de medicamentos
  A partir de ahora Hasta ahora
Trabajadores con una renta inferior a 22.000 euros al año y familias numerosas 40% 40%
Trabajadores con una renta de entre 22.000 y 100.000 euros al año 50% 40%
Trabajadores con una renta superior a 100.000 euros 60% 40%
Jubilados con una pensión contributiva inferior a 22.000 euros al año 10% con un máximo de 8 euros al mes 0%
Jubilados con una pensión contributiva superior a 22.000 euros al año 10% con un máximo de 18 euros al mes 0%
Jubilados con una pensión de más de 100.000 60% con un límite de 60 euros al més 0%
Pensiones no contributivas 0% 0%
Parados que no cobren prestación 0% 40%
Enfermos crónicos 10% con un máximo de 2,64 euros 10% con un máximo de 2,64 euros
Trabajadores o pensionistas de mutua pública   30% (un 10% los crónicos)

Cartera de servicios común con tarjeta sanitaria única

El decreto sienta las bases para establecer una cartera de servicios común que elimine las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada Comunidad Autónoma y que, según el Gobierno, "seguirán siendo gratuitas"..

En relación con la cartera básica común de asistencia sanitaria, incluirá los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente.

La Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones, similar al NICE británico, será la encargada de evaluar la ordenación prevista en la cartera.

Esta medida se complementa con la introducción de las nuevas tecnologías, la llamada E-Salud, lo que permitirá implantar la tarjeta sanitaria común, compatible para todas las comunidades autónomas y la historia clínica digital.

Fármacos adecuados a la duración del tratamiento

La extensión del uso de la Plataforma de Compras Centralizada para fármacos y tecnología, el fomento del uso de los genéricos, el abaratamiento de las medicinas y la adecuación de los envases a los tratamientos son otras de las actuaciones por las que se reducirá el gasto sanitario.

El decreto incluye un nuevo sistema de actualización del Nomenclator de medicamentos, que sacará los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica, a la vez que se incorporan otros innovadores.

Asimismo, se fijarán precios de referencia y precios seleccionados para abaratar las medicinas, se potenciará el uso de genéricos y se adecuarán los envases a la duración de los tratamientos. Todas estas actuaciones supondrán un ahorro estimado de 3.550 millones de euros.

El Gobierno estima que mediante la Plataforma de Compras Centralizada, que servirá para negociar los mejores precios en la adquisición de productos sanitarios, se logrará un ahorro mínimo de 1.000 millones de euros, que podría llegar a 1.500 millones.

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