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La monja imputada por el robo de bebés se niega a declarar ante el juez

  • Policías y vigilantes ayudan a la monja a evitar a la prensa
  • Se le imputan delitos de detención ilegal y falsedad en documento público
  • Trabajaba como asistente social en el Hospital Santa Cristina en los ochenta

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Se niega a declarar la monja acusada de robar una niña hace 30 años

Varios agentes de Policía Municipal, acompañados por los vigilantes de seguridad de los juzgados de Plaza de Castilla, han escoltado a la religiosa María Gómez Valbuena tras negarse a declarar ante el juez de instrucción de Madrid, Adolfo Carretero, por la causa de bebés robados en hospitales españoles.

Ante la gran expectación que ha generado su presencia, el magistrado ha previsto una barrera de seguridad para evitar que la monja fuera captada por los medios una vez hubiera abandonado las dependencias judiciales.

Sor María ha llegado a las instalaciones judiciales en torno a las 8.00 horas de este jueves, entrando por los Juzgados de Guardia de Plaza de Castilla. De esta forma, ha evitado el encuentro con los medios que esperaban su llegada.

En su declaración, la religiosa se ha acogido a su derecho de no declarar. Su presencia ante el juez ha durado apenas unos minutos, para abandonar después la sala de vistas escoltada por los agentes de Policía Municipal.

Escoltada por varios policías y guardias de seguridad y sin hacer declaraciones a los periodistas, sor María ha abandonado los juzgados madrileños de Plaza de Castilla en un Mercedes Benz todoterreno con los cristales tintados e intentando escapar del numeroso grupo de fotógrafos y cámaras que esperaban a su salida.

Ante la gran expectación mediática y la presencia de algunos afectados en la causa de los "niños robados", que también se han concentrado a la puerta de los juzgados, varios agentes han recibido la orden expresa de escoltar a la religiosa para evitar incidentes.

"Sinvergüenza, ¿por qué no nos dejáis que la veamos?", gritaban algunos de los concentrados mientras la religiosa intentaba subir rápidamente al vehículo que la esperaba en una de las entradas de las instalaciones judiciales.

Durante su estancia en los juzgados, ha permanecido en una sala de espera, acompañada de otra monja, que como ella también vestía el hábito de las hermanas de la Caridad, y su comparecencia ante el juez ha durado apenas unos minutos, en los que se ha acogido a su derecho a no declarar.

La abogada de la acusación particular, Ana Jiménez, ha indicado a los medios que ha visto a la religiosa "tranquila" y que no ha ofrecido ninguna explicación más al juez.

Indignación entre los afectados por la barrera de seguridad

Una de las afectadas en la causa de los "niños robados", Paloma Pérez, que se enteró hace ocho años de que fue separada de su madre biológica en contra de su voluntad, y cuya denuncia fue archivada por prescripción, ha expresado a los periodistas su indignación al comprobar que se le "da más protección" a la religiosa que a los perjudicados.

Pérez, que esperaba a la puerta de los juzgados la salida de sor María, ha mostrado su incomprensión ante el hecho de que una persona, como la monja imputada, haya causado "tanto sufrimiento" "sin necesitar el dinero".

Otros afectados también criticaban la protección policial que se ha dado a la religiosa. "¡Qué poca vergüenza!, y encima la protegen, ¿quién estaba allí cuando nos estaban robando y vendiendo como perros?", increpaban.

Detención ilegal y falsedad en documento público

La monja María Gómez Valbuena, más conocida como sor María, estaba citada a declarar este jueves como imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga a la religiosa por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público en la causa de los "niños robados".

Tras su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el magistrado ha acordado mantener su imputación y continuar con la investigación y la practica de nuevas diligencias, y este viernes mismo tomará declaración en calidad de testigos a los padres adoptivos de Pilar, la supuesta "niña robada" en este caso.

Sor María, que tiene cerca de 80 años y vive en un convento de las hermanas de la Caridad en Madrid, es la primera imputada que declara ante el juez después de que el magistrado recibiera la denuncia de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de María Luisa Torres, una madre que acusa a la monja de haberle arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina.

La religiosa trabajaba como asistente social en ese hospital cuando, según la denunciante, ocurrieron los hechos.

El pasado día 3 María Luisa Torres, que declaró como testigo ante el juez, ratificó su denuncia y explicó que sor María le quitó a su bebé por "adúltera", ya que el padre no era su marido, después de haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto.

Torres y su hija Pilar, que se reencontraron hace medio año tras confirmarse su relación biológica por pruebas de ADN, comentaron a la salida de los juzgados que esperaban que se hiciera justicia y que su caso sirva para dar "pasos de gigante" en un asunto difícil de demostrar por la posible prescripción de los delitos o por la dificultad de hallar pruebas acusatorias.

La comparecencia de sor María en el juzgado coincide con la reunión que las asociaciones de afectados por los casos de "niños robados" van a mantener este jueves con los ministros del Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además de con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

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