Una organización ha presentado más de 2.400.000 firmas contra el acuerdo ACTAREUTERS / Eric Vidal
Muchos sectores civiles han mostrado su rechazo al acuerdo ACTAAFP PHOTO MEHDI FEDOUACH
Miembros de todos los grupos políticos de la Eurocámara han solicitado "aclaraciones" sobre cómo se aplicaría el tratado internacional contra las falsificaciones conocido como ACTA, negociado por la UE y otros diez países de todo el mundo, antes de votar si respaldan o rechazan su entrada en vigor.
La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo debatió este jueves sobre el acuerdo, que la Comisión Europea ha decidido remitir al Tribunal de Justicia de la UE para comprobar si está totalmente en línea con las leyes comunitarias.
El ponente del informe parlamentario sobre el asunto, el socialista británico David Martin, pidió el respaldo a su propuesta de que el Parlamento Europeo remita de forma paralela a la Justicia europea sus propias preguntas sobre la legalidad de ACTA.
En concreto, Martin quiere tener más información sobre las agencias de control de fronteras que deben gestionar los bienes falsificados, y sobre si los proveedores de internet podrían aplicar este acuerdo en contra de sus clientes.
Hasta que la máxima instancia judicial de la UE no emita su sentencia -algo que según fuentes comunitarias podría demorarse un año-, los eurodiputados no están dispuestos a pronunciarse sobre la ratificación del texto, un voto necesario para que el tratado pueda entrar en vigor.
"Tenemos un interés crítico en defender la propiedad intelectual de la UE y necesitamos actuar en ese sentido", dijo Martin, pero a su vez se mostró preocupado por la "posibles consecuencias no intencionadas" de ACTA y "cómo pueda ser leído el texto".
Los eurodiputados han criticado la "falta de transparencia" del acuerdo
"No hay una ley de los 'tres avisos' en ACTA, pero no sabemos cómo los proveedores de servicios de internet interpretarán las tareas que se les dé y si pensarán que tienen el deber de cortar internet a la gente", enfatizó.
Tanto Martin como otros eurodiputados que intervinieron en la sesión criticaron, además, la "falta de transparencia" del acuerdo, ya que no han podido intervenir en las negociaciones, de las que se ha encargado la Comisión Europea.
Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, reiteró que enviar ACTA al Tribunal de Justicia ha sido "la decisión acertada", ya que "aportará la claridad que tanto necesitamos sobre nuestras preocupaciones", apuntó.
ACTA pretende reforzar la protección de la propiedad intelectual en diversos sectores, que van de la moda a la industria, con la novedad de que incluye, por primera vez en este tipo de pactos internacionales, un capítulo exclusivamente dedicado al medio digital.
Las discusiones sobre el tratado comenzaron en 2007. Las partes que han negociado el acuerdo son la UE y sus 27 Estados, Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, Marruecos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda (juntos representan la mitad del mercado mundial).
Pretende reforzar la protección de la propiedad intelectual, con un capítulo exclusivo para el medio digital
Durante su negociación, ha levantado la desconfianza, en especial, de los internautas, que temen ver restringidas sus libertades fundamentales en la Red. Además, el Parlamento Europeo y otro sectores sociales han insistido en que el acuerdo se negoció sin tenerlos en cuenta.
Los países de la UE solo podrán aplicar el acuerdo si es aceptado unánimemente (ha sido negociado a nivel comunitario) y en ningún caso podrá aplicarse en unos Estados miembros sí y en otros no.
Una vez respaldado el tratado por el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales, el Consejo de Ministros de la UE deberá adoptar una decisión final sobre el mismo para completar su aprobación. Se notificará entonces a los otros países firmantes de ACTA, para que el acuerdo pueda entrar en vigor en los Veintisiete.
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