Bruselas advierte a España por el paro, la deuda privada y pública y la debilidad comercial

  • Abre una investigación a 12 países por "desequilibrios excesivos"
  • Si no toman medidas, pueden recibir una multa del 1% del PIB

12 países bajo la lupa

Además de a España, la Comisión Europea ha dado el primer paso para sancionar a Italia, Chipre y Hungría, que acumulan múltiples desequilibrios; así como a Francia, Reino Unido y Bélgica, fundamentalmente por pérdida de cuota exportadora; a Dinamarca, Suecia y Finlandia por la aparición de una burbuja inmobiliaria, y  también a Eslovenia y Bulgaria. Grecia, Irlanda, Portugal y Rumanía están excluidos porque ya aplican un programa de reformas tutelado por la UE.

RTVE.es 

La Comisión Europea ha dado el primer paso para abrir un expediente a España por "desequilibrios excesivos" en seis datos macroeconómicos, como el paro, lo que podría desembocar en última instancia en una multa si no toma medidas. Bruselas va a investigar las desviaciones de 12 países sobre diversos objetivos.

Se trata de la primera fase del procedimiento con el que la UE pretende corregir las políticas de los Estados y se abre a España por primera vez en un contexto especialmente delicado, según Efe.

En total, la UE ha abierto una investigación a una docena de países, entre ellos también Reino Unido, Francia e Italia, que incumplen los objetivos en alguno de estos diez indicadores: paro, déficit por cuenta corriente, posición neta de inversión internacional, cuota de mercado exportador, costes laborales unitarios nominales, tipos de cambio efectivos, deuda privada, flujo de crédito al sector privado, precios de la vivienda y deuda pública.

España suspende en seis de ellos: la balanza por cuenta corriente, las posiciones netas de inversiones internacionales, la cuota del mercado exportador, la deuda pública, la deuda del sector privado y el desempleo.

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha dicho que son "necesesarios más análisis de las reformas estructurales en curso", especialmente por la "muy alta" tasa de desempleo y la "difícil situación" del país después de la prolongada burbuja inmobiliaria y el boom crediticio.

España, el país con más paro de la UE

No obstante, Rehn ha recalcado que España "está llevando a cabo con determinación reformas estructurales con el fin de mejorar el mercado laboral y la competitividad".

Este informe se conoce el mismo día que la Comisión ha desmentido una información de la agencia Reuters según la cual iba a expedientar a España por haber exagerado la desviación del déficit del anterior Ejecutivo; no obstante, la Comisión sí ha urgido al Gobierno a aprobar los Presupuestos de 2012.

La reforma española va en la buena dirección

España es el país de la UE con la tasa de desempleo más elevada: (22,9%). El lunes, la Comisión alabó la reforma laboral aprobada en el último Consejo de Ministros porque va "en la buena dirección", en contra del criterio de numerosos expertos y sindicatos que creen que no servirá para crear empleo.

El estudio de los desequilibrios macroeconómicos forma parte de las nuevas medidas de la UE para combatir y prevenir crisis económicas, en vigor desde principios de año, el llamado six pack, que se creó para corregir los niveles de déficit y deuda excesivos -por encima del 3% y del 60% del PIB; respectivamente-, así como los desequilibrios macroeconómicos graves.

Las revisiones en profundidad que se harán ahora de la situación macroeconómica de España permitirán al Ejecutivo comunitario determinar si existen "desequilibrios dañinos" para la economía española, para después, si fuera necesario, emitir recomendaciones a fin de que se tomen medidas con el fin de corregir la situación.

Solamente si no toma las medidas necesarias se abrirá un Procedimiento por Desequilibrios Excesivos, y entonces se deberá detallar claramente qué políticas se va a promover y para qué fechas a fin de corregir los desequilibrios.

En última instancia, si no aplica las recomendaciones, la Comisión Europea puede pedir un depósito del 0,1 % del PIB que genera intereses y que, en una segunda fase, puede convertirse en una multa, lo que equivaldría en el caso de España a unos 1.000 millones de euros.

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