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Las escenas contra la ley ACTA se han repetido en casi toda Europa (Rumanía)EFE/Robert Ghement

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Decenas de miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades europeas este fin de semana para protestar contra el Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (ACTA), un tratado internacional que podría impulsar medidas concretas contra la piratería de películas y música y, según algunas organizaciones, facilitar el control estatal sobre la comunicación en Internet.

Más de 25.000 personas han participado en las manifestaciones celebradas en distintas ciudades alemanas a pesar del intenso frío, mientras que la escena se ha repetido en ciudades como Sofía, Varsovia, Praga, Eslovaquia, Bucarest, Vilna, París o Bruselas, donde los miles de asistentes han manifestado su rechazo al acuerdo.

El tratado se firmó en octubre con ocho miembros iniciales, incluidos Japón y Estados Unidos. El pasado 26 de enero, la UE y 22 de sus Estados miembro, incluida España, firmaron formalmente el documento en Tokio. Restan por firmar Chipre, Estonia, Países Bajos y Eslovaquia, donde aún está procesándose su ratificación.

El acuerdo tiene como propósito central la defensa de la propiedad intelectual en el mundo digital. No obstante, los críticos del tratado consideran que amenaza la libertad en internet y atenta contra los derechos ciudadanos, por lo que convocaron manifestaciones en contra del acuerdo en varias ciudades de todo el mundo.

"Ya no nos sentimos seguros. Internet era uno de los pocos lugares en los que podías actuar libremente", se lamenta Monica Tepelus, una programadora informática de 26 años que ha participado en la concentración de Bucarest.

La oposición en el este de Europa a este tratado internacional es especialmente fuerte y se extiende rápidamente. Los manifestantes comparan esta normativa a los intentos de control estatal de la era comunista.

"Queremos detener el ACTA", ha explicado uno de los 4.000 manifestantes de Sofía, Yanko Petrov. "Tenemos nuestras propias leyes. No necesitamos tratados internacionales", ha apostillado.

Las movilizaciones se han basado en esgrimir el riesgo de que la implantación de este tratado lleve a imponer penas de cárcel para quien se descargue películas y música de internet y denuncian que, para investigar estos hechos, las fuerzas de seguridad deberán controlar las comunicaciones y el tráfico de Internet.