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Los funcionarios del Estado tienen desde hace años una jornada semanal máxima de 37,5 horas

  • El Gobierno ha decretado ahora esa jornada para todos los empleados públicos

  • La idea es que trabajen efectivamente dos horas y media más sin compensarlo

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Algunos funcionarios del Estado tienen contemplada desde hace seis años una jornada de 37,5 horas, como la que ahora ha decretado el Gobierno que realicen de forma efectiva en todo el sector público y sin aumento de sueldo.

Según el texto de una resolución dictada el 20 de diciembre de 2005 por la entonces Secretaría General de Administración Pública, de la que era titular Francisco Velázquez, la duración "máxima" de la jornada laboral en la Administración General del Estado quedaba establecida en 37,5 horas semanales de trabajo efectivo, equivalente a 1.647 horas anuales.

Esta resolución era solo aplicable a los funcionarios de esa administración, no a todos los empleados públicos.

El pasado viernes, el Gobierno del PP aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes para reducir el déficit en el que establecía que, a partir del 1 de enero de 2012, para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo deberá tener un "promedio semanal no inferior" a las 37 horas y 30 minutos.

Los sindicatos dudan de su legalidad

La diferencia, por tanto, se refiere tanto a la realización efectiva de ese número de horas como al ámbito de aplicación, pese a que sobre esto, algunos sindicatos han expresado ya dudas sobre su legalidad, porque según estos entra en el ámbito de competencias de las autonomías y porque obvia la negociación colectiva de los trabajadores (no funcionarios) de las empresas públicas.

Con todo, a muchos funcionarios que desempeñan su trabajo en la Administración General del Estado les ha llamado la atención que se establezca una jornada que ya tienen y que llevan años desempeñando, en virtud de una resolución que data de 2005, según ha Europa Press.

Expertos consultados por esa agencia han indicado que la intención del Gobierno al incluir en el Real Decreto del viernes la obligación de tener una jornada semanal de 37,5 horas supone simplemente elevar a rango de ley una instrucción ya contenida en una resolución.

Asimismo, entienden que puede ser también un aviso para que en los organismos públicos eleven la jornada laboral a esa nueva cifra, y siempre sin compensación económica.

También llama la atención el hecho de que en las referencias que se publicaron tras el Consejo de Ministros del viernes se señalara que los funcionarios del Estado que decidieran quedarse con la jornada de 35 horas semanales verían reducido su salario de manera proporcional.

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado donde se publicaba el Real Decreto-ley, esa mención al recorte del salario no está especificada en ningún apartado.

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