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Suleimán defiende ante el juez que Mubarak no dio orden de disparar contra manifestantes

  • El vicepresidente egipcio sí reconoce que estaba al tanto de las muertes
  • Mubarak y dos de sus hijos están acusados de instigar la represión

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El exvicepresidente egipcio Omar Suleimán negó categóricamente que el ex jefe de Estado Hosni Mubarakcontra los manifestantes durante la revolución, en el testimonio que prestó este martes en el juicio contra el exgobernante, según ha revelado a la agencia Efe un abogado de la acusación.

Según el letrado, que ha pedido el anonimato, Suleimán declaró que Mubarak nunca dio orden de disparar, aunque sabía que hubo muertos en los choques contra las fuerzas del Ministerio del Interior, ya que él mismo le pasó informes con el registro de los fallecidos y sobre los acontecimientos acaecidos durante la revuelta.

Suleimán, que fue jefe de la Inteligencia egipcia antes de ser nombrado en enero pasado vicepresidente, ha asegurado que Mubarak sabía los nombres de todas las personas que perdieron la vida.

A juicio del abogado, la declaración de Suleimán, que se llevó a cabo a puerta cerrada, fue a favor del exgobernante, salvo cuando dijo que los manifestantes fallecieron en choques en el Ministerio del Interior.

Próximas comparecencias

El letrado ha realizado estas revelaciones pese a que el tribunal ha prohibido que se hagan públicas las declaraciones de los testigos, aunque ya han sido filtradas en algunos diarios egipcios.

Por otro lado, este miércoles ha testificado ante la corte penal el ministro del Interior, Mansur Esaui,  durante dos horas y ante la presencia de Mubarak, ha señalado el abogado de la acusación Asad Haikal, que no ha dado más detalles.

El próximo 24 de septiembre deberá testificar el jefe de la junta militar, mariscal Husein Tantaui, tras no presentarse a la sesión el pasado día 11 acogiéndose a la ley egipcia, que no obliga a los militares a comparecer como testigos antes tribunales civiles.

Mubarak, sus dos vástagos, Alaa y Gamal, el exministro del Interior Habib al Adli y seis de sus asesores están acusados por su implicación en los ataques contra manifestantes en las protestas que precedieron a la caída del antiguo régimen el pasado 11 de febrero y que dejaron, según cifras oficiales, casi 900 muertos.