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Las comunidades del PP y Cataluña pedirán un aplazamiento de su deuda con el Estado

  • La petición se hará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
  • La Generalitat de Cataluña también pedirá una "moratoria" para la devolución

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El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que las doce comunidades autónomas que gobierna su partido pedirán al Gobierno el aplazamiento de la devolución de la deuda contraída con el Estado.

Esta solicitud la trasladarán mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) las comunidades del Partido Popular (todas menos Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias y el País Vasco), con cuyos presidentes se reunirá este martes Rajoy.

Según consta en la declaración con la que la dirección del PP y sus  autoridades regionales han zanjado la reunión, el aplazamiento del pago  de la deuda que las comunidades contraen con el Estado por los anticipos  a cuenta ha de llegar a los diez años.

La Generalitat de Cataluña pedirá, como las comunidades autónomas  gobernadas por el PP, una "moratoria" para la devolución de la deuda  contraída con el Estado por los anticipos recibidos sobre todo por IRPF e  IVA, correspondientes a 2008 y 2009.

El 100% del Fondo en un plazo de dos años

La idea la había apuntado Rajoy este martes en su intervención en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial.

Para el PP, una medida como esta "no implicaría incremento alguno de  deuda pública", si bien significaría "unas menores necesidades de  financiación" de las comunidades.

En esta misma línea de dar  estabilidad a los flujos de tesorería, los populares abogan por entregar  a cuenta a cada comunidad un porcentaje alto de la dotación prevista  por el Gobierno para el ejercicio en curso, y esa inyección de dinero se  liquidaría después.

Rajoy y sus presidentes autonómicos  quieren, por tanto, dar la vuelta a un mecanismo como el actual que "no  tiene sentido". El 100% del fondo se recibiría dos años después  de la liquidación, según indica el PP en la declaración.

Déficit ocultos

La sombra de los supuestos déficit ocultos, que las nuevas comunidades gobernadas por el PP están denunciando, planeará sobre la mesa del CPFF donde están pendientes: los planes de ajuste de seis comunidades, la regla de gasto que quiere implantar el Ejecutivo y la distribución de 8.000 millones adicionales de la financiación autonómica de 2012, que deberán ir preferentemente a la sanidad.

La reunión se celebra en un momento de clara tensión entre el Ejecutivo y los nuevos gobiernos autonómicos del PP que, encabezados por el de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, aseguran tener mayores déficit públicos de los declarados por sus antecesores. Mientras que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, considera que el Gobierno castellanomanchego está haciendo un "ruido injustificado".

Cospedal no es la única que dice haberse encontrado un déficit más elevado del esperado y facturas sin pagar que cifra en más de 2.600 millones de euros; a la denuncia se ha unido el presidente cántabro, Ignacio Diego, quien asegura haber descubierto un agujero de 440 millones de euros.

Regla de gasto

Otra de las peticiones, según ha explicado el líder del PP, será la de fijar "una norma nacional" para todas las administraciones que garantice que no se superarán los techos de déficit y de deuda que se marquen.

El PP tampoco piensa apoyar la regla de gasto que el Gobierno quiere implantar en la elaboración de los presupuestos autonómicos, por considerarla insuficiente.

Se trata de un tope máximo al aumento anual del gasto, que se calcularía teniendo en cuenta la evolución del PIB de los cinco años anteriores y las previsiones para los tres ejercicios siguientes, y que el Ejecutivo quiere trasladar a las autonomías tras decretarlo para los presupuestos estatales y de los ayuntamientos.

Está además pendiente la aprobación de los planes económico-financieros de Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Baleares, que no pueden endeudarse más hasta que el Consejo no les dé el visto bueno.

No se esperan muchos problemas porque, en el último Consejo, Salgado ya avisó de que varios de estos planes pendientes necesitaban sólo algunos ajustes para su aprobación definitiva el miércoles.

Sobre el gasto sanitario, en principio, las autonomías aceptan que una cuantía mayoritaria de los 8.000 millones de euros adicionales previstos para la financiación autonómica de 2012 se destine a la Sanidad. De hecho, lo acordaron en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado jueves.

El PP pedirá el aval del Estado si se cumplen los objetivos

Los presidentes autonómicos del PP pedirán al Gobierno que avale las emisiones de deuda de aquellas comunidades que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, es decir, los techos de déficit.

El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, y sus presidentes regionales, reunidos este martes en la sede del partido en Madrid, han pactado una posición común con la mirada puesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana, una cita de "mucha importancia", tal y como ha señalado el propio Rajoy unas horas antes de verse con sus barones.

Tanto el presidente del PP como los barones responsabilizan al Gobierno central del endeudamiento autonómico y local, sobre todo porque las entregas a cuenta de 2008 y de 2009 se efectuaron en función de unas previsiones de ingresos erróneas.

"Es evidente que el problema lo creó el Gobierno entregando un dinero que obviamente no se estaba recaudando", sentencia el PP en su comunicado.

Compromiso de estabilidad

Por ello, las comunidades que gobierna se comprometen a ajustarse al objetivo de estabilidad marcado y a acometer "un gran esfuerzo de contención del gasto público" que bajo ningún concepto mermará la prestación de los servicios públicos esenciales.

También prometen decir la verdad sobre las cuentas, lo que resulta ahora mismo, dice el PP, "claramente beneficioso", primero porque el rigor mejora la imagen de España, y segundo, porque permite sentar una base más certera sobre la que aplicar luego medidas de racionalización del gasto.

Según constata el Partido Popular, hay que acabar, además, con los atrasos en los pagos de la deuda comercial y con la posibilidad de que surjan nuevos gastos que superen el techo aprobado en cada comunidad.

Cataluña tendrá que devolver 2.492 millones

Uno de los objetivos que se ha marcado el Govern para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera es conseguir una "moratoria en la devolución de la liquidación de los anticipos por los ingresos de 2008 y 2009".

En los próximos cuatro años, la Generalitat tendría que retornar anualmente 623 millones de euros por los anticipos cobrados en 2008 y 2009, en concepto de IRPF, IVA e impuestos especiales, ya que los ingresos reales en esos años han resultado ser muy inferiores a las previsiones realizadas en su momento por el gobierno español.

En 2008 la Generalitat recibió 552 millones de euros de más y en 2009 la cifra ascendió a 1.940 millones, lo que totaliza 2.492 millones, a devolver en cuatro anualidades, hasta 2015.

Dados los agobios financieros por los que atraviesa, el gobierno catalán desearía aplazar para más adelante el pago de los 623 millones de euros de anualidad que le tocaría pagar en 2012.

Homs ha argumentado que los anticipos que la Generalitat cobró en su momento estaban hinchados, debido a los cálculos "erróneos" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que por aquel entonces "negaba" la gravedad de la crisis económica.

Solicitarán el anticipo del Fondo de Competitividad

El portavoz del Govern ha considerado "paradójico" que el Ejecutivo central se resista a pagar a la Generalitat el anticipo del Fondo de Competitividad que le correspondería a Cataluña para 2011 y, en cambio, insista en reclamar la devolución de unos anticipos "mal calculados" por el propio gobierno español.

La devolución de estos 2.492 millones de euros en cuatro años, ha señalado, demuestra que Cataluña no ha salido ganando como pensaba el anterior gobierno tripartito con el nuevo sistema de financiación: "Lo que nos dan de más con una mano nos lo quitan con la otra", ha afirmado.

Homs también se ha quejado de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no quiera pagar a la Generalitat unas subvenciones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado vigentes, con la excusa de que se introdujo una cláusula que impide pagar este dinero si Cataluña incumple el déficit: "Es kafkiano", ha dicho.