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AI critica la suspensión de Garzón y denuncia que se siguen produciendo torturas en España

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La organización no gubernamental Amnistía Internacional critica en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo la suspensión del juez Garzón por investigar la desaparición de más de 114.000 personas durante la Guerra Civil y el franquismo, y ha recordado que la ONU ha pedido en numerosas ocasiones que España derogue la Ley de Amnistía de 1977.

Respecto a nuestro país, el informe señala que "persisten las denuncias de torturas y malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley".

No se han tomado medidas para recopilar datos sobre estas violaciones, pese a que así lo establece el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno en 2008. La definición de tortura tampoco se ha modificado en el Código Penal, como había recomendado la ONU.

AI critica que las autoridades sigan aplicando las medidas de incomunicación para acusados de terrorismo, pese a que Naciones Unidas también ha pedido su abolición. El documento recoge, entre otros, los casos de Igor Portu y Mattin Sarasola. Los guardias civiles que les detuvieron fueron condenados por torturas, pero no sus denuncias de malos tratos posteriores fueron desestimadas.

Entre las "buenas noticias", el informe destaca el anuncio de alto el fuego de la banda terrorista ETA, la acogida en España de presos de Guantánamo y la apertura en la Audiencia Nacional de investigaciones relacionadas con crímenes contra la humanidad.

Inmigración y racismo

En la rueda de prensa para presentar el informe, Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional en España, ha mostrado su preocupación por el trato a los inmigrantes y por varios aspectos de la aplicación del sistema FRONTEX de vigilancia de fronteras.

Concretamente, Suárez-Llanos ha pedido que se tengan en cuenta las medidas de seguridad en la interceptación de embarcaciones y que se respete el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo.

La directora adjunta de AI ha lamentado que el gobierno español haya acordado la deportación de personas que, una vez en sus países de origen, pueden ser objeto de malos tratos. Es el caso de Ali Aarras, un hombre de doble nacionalidad,  belga y marroquí, que fue entregado a Marruecos el 14 de diciembre, acusado de delitos de terrorismo.

Suárez-Llanos ha pedido también a las autoridades que tomeen medidas contra el racismo y ha mostrado la preocupación de AI por la tendencia hacia la prohibición del velo integral de las mujeres, que puede perjudicar su libertad religiosa y de expresión.

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