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El Gobierno aprueba el plan contra el empleo irregular y endurece las sanciones a las empresas

  • El Consejo de Ministros sanciona con 187.515 euros a una empresa
  • Las empresas podrán declarar los puestos de trabajo hasta el 31 de julio
  • Forma parte del plan contra la economía sumergida comprometido ante la UE

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El Consejo de Ministros aprueba el plan contra el empleo irregular y endurece las sanciones a las empresas

El Consejo de Ministros de este viernes ha dado luz verde al plan contra la economía sumergida anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que incluye, entre otras medidas, un plan para hacer aflorar el empleo irregular, no declarado por las empresas a la Seguridad Social. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha avanzado que se "va a estrechar la vigilancia" en la aplicación de esta reforma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el responsable de Trabajo, Valeriano Gómez, ha ecplicado que "no habrá derechos reconocidos para nadie", sino que "se reconocerán a partir del momento en que el trabajador y la empresa sean dados de alta en su nueva situación".

Esta reforma es una de las principales bazas anunciadas por Zapatero, para impulsar la economía, en línea con el Pacto por el Euro aprobado por la Unión Europea.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la actualización del programa de estabilidad presupuestaria. En dicha actualización, se incluye la última revisión del cuadro macreconómico llevada a cabo por el Gobierno, en la que se ha elevado cinco décimas la tasa de paro para este año y un punto la del año que viene. Asimismo, el Gobierno ha revisado a la baja el crecimiento de los años 2012 y 2013.

El Gobierno ha establecido en el 2,1% del PIB el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas en 2014, desde el 3% previsto para el 2013.

Tres meses para declarar los puestos de trabajo

El paquete de sanciones que penalizan el empleo irregular, se amplía desde los 626 euros a los 3.126, en el caso de las penalizaciones mínimas, y de los 6.200 euros hasta 10.000 las máximas, para aquellas empresas que no hayan declarado los puestos de trabajo a la Seguridad Social. Mientras que las sanciones mínimas para aquellos que trabajando hayan recibido la prestación por desempleo, se amplían de los 6.251 euros a los 10.000 en caso de las sanciones mínimas, con un umbral máximo de 187.515 euros, que permanece invariable.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha detallado, que el plan contra el empleo sumergido dejará a las empresas un plazo de tres meses, hasta el 31 de julio, para que declaren los puestos de trabajo, apartir de entonces las medidas se van a endurecer con las correspondientes sanciones.

El plan de lucha contra el empleo sumergido no reconocerá las cotizaciones correspondientes al tiempo que los trabajadores estuvieron ocupados de forma irregular.

Finalmente, el texto definitivo del plan no recoge el reconocimiento de estas cotizaciones, a pesar de que el último borrador elaborado por el Ejecutivo sí que establecía que los efectos de las altas se retrotraerían hasta el 1 de enero de este año.

Las empresas tendrán facilidades de pago, pero, según ha señalado Gómez, en declaraciones a TVE, "no habrá amnistía, no habrá perdón" para estas empresas, porque deberán pagar todo lo que adeuden a la Seguridad Social.

El plan contra el empleo irregular entrará en vigor en junio de este año y su vigencia se prolongará hasta diciembre de 2012, según ha explicado Valeriano Gómez, que señala como principal objetivo de esta medida, el beneficio futuro para el conjunto de la sociedad y la economía del Estado.

Sanción a una empresa por  "infracción muy grave"

"España no se distingue especialmente del resto de países por tener un tamaño importantísimo de su empleo sumergido", ha agregado el responsable de Trabajo, pero "es verdad que Europa tiene mucho empleo sumergido". En este sentido, Gómez ha valorado el endurecimiento de las sanciones, "en algunos casos hasta en un 300%" y ha agregado que no han querido "sorprender sino decir lo que va a ocurrir dentro de tres meses".

Precisamente, este mismo Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro de Trabajo e Inmigración, ha dado luz verde a una sanción de 187.515 euros contra la empresa Planet Hoteles, por impago de cuotas a la Seguridad Social, una infracción calificada como "muy grave".

La penalización a esta empresa se fundamenta en la apropiación indebida de cuotas obreras, la parte de los trabajadores abonan en concepto de cotización, e impago de las mismas a la Seguridad Social.

El impago de las cuotas en este caso asciende a 360.595 euros y con la sanción se aprecia el agravante del número de trabajadores afectados, 74 empleados, a los que se ha retenido su aportación mensual a la Seguridad Social entre diciembre de 2009 y julio de 2010.

El ministro de Trabajo ha recordado que se puede hacer política con sanciones, como en este caso, o con estímulos como en el caso del la reforma que se aprobó hace dos meses para estimular la contratación a tiempo parcial. " Han pasado dos meses pero ya estamos notando un crecimiento importante de contratos a tiempo parcial", ha señalado Gómez.

El sector agrario se incorpora a la Seguridad Social

En este mismo Consejo de Ministros se ha aprobado el anteproyecto de Key por el que se integran 820.000 trabajadores agrarios por cuenta ajena, al Régimen General de la Seguridad Social.

Esta reforma es parte del acuerdo alcanzado el pasado 8 de marzo entre el Gobierno, los sindicatos CC.OO., UGT, las patronales CEOE y Cepyme y las organizaciones sectoriales Federación Agroalimentaria que hizo posible la firma de un gran pacto por la economía.

Desde la entrada en vigor del texto normativo aprobado, se equipara las prestaciones de la Seguridad Social que reciben los trabajadores del campo, con las del resto de los trabajadores por cuenta ajena.

Se aprueban las reformas prometidas a la UE

La iniciativa para luchar contra el empleo irregular se comprende en el conjunto de medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, para impulsar la competitividad, tal y como acordaron los líderes de la eurozona al aprobar el Pacto por el Euro. Este documento se estructura en cuatro capítulos: impulso de la competitividad, impulso del empleo, incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas y refuerzo de la estabilidad financiera.

Para alcanzar ese objetivo, el plan contra la economía sumergida también incluye medidas para la reducción del déficit público, como la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para limitar el gasto de la Administración General del Estado en función del PIB nominal a medio plazo.

Esta medida será de obligado cumplimiento por parte de la Administración central, pero el objetivo es que también se aplique a las comunidades autónomas. Precisamente, esta semana se ha celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha dado luz verde a los planes de reequilibrio presupuestario de siete comunidades autónomas y ha fijado enun 1% el objetivo de déficit de las comunidades para 2014.

Mientras, el propósito del Gobierno central es reducir el déficit del Estado del 9,2% del PIB actual, al 6% en este año 2011, y situarlo en un 4,4% para 2012 y un 3% en 2013. En ese objetivo, según ha señalado el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, también deben implicarse las comunidades autónomas.

También se está estudiando un criterio espefíco que fijará por ley a qué actuaciones se podrá dedicar el superávit del Estado.

Desacuerdo de patronal y sindicatos

La patronal CEOE y las organizaciones sindicales han mostrado su desacuerdo con el plan del Gobierno para hacer aflorar la economía sumergida.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha señalado, antes de su aprobación, que desconoce el documento definitivo del plan, pero considera que las medidas deberían comprender no solo aspectos laborales, sino también fiscales, Rosell ha añadido que "una cosa es hacer aflorar el empleo irregular y "otra cosa ver cómo y de qué manera".

Mientras, las organizaciones sindicales rechazaron el primer borrador del plan contra el empleo irregular presentado por el Gobierno, por considerarlo "desequilibrado" y han criticado el segundo documento. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que el plan del Ministerio de Trabajo contra el empleo irregular no será suficiente para hacerlo aflorar, a pesar de los cambios que ha introducido en su borrador el departamento que dirige Valeriano Gómez a petición de los sindicatos.

Reformas de carácter "horizontal"

En este mismo marco de medidas comprometidas por el Gobierno en el Pacto por el Euro se enmarca la creación de una Comisión Asesora de Competitividad, presidida por el exministro de Economía, Miguel Boyer.

En cualquier caso, según ha adelantado el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, estas reformas se extienden prácticamente a todos los ámbitos, incluídos el enérgético, el financiero, el industrial y el turístico.

Este conjunto de medidas enlazan con el pacto social y económico, suscrito entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos y que comenzó con la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años. Ese pacto está ahora pendiente de la reforma de la negociación colectiva que previsiblemente se aprobará en mayo, como uno de los acuerdos más inmportantes para cumplir el pacto por la competitividad de la eurozona.

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